Diálogo, negociación, amnistía y referéndum, pero también financiación. Pere Aragonès ha encargado a la conselleria de Economía encabezada por Natália Mas un plan de financiación singular para Catalunya con el que poder gestionar todos los impuestos, pactando un Cupo con el Estado español, una especie de Concierto Económico que llevará a la mesa de Pedro Sánchez en un plazo máximo de tres meses. Una carpeta que la Generalitat ha podido rescatar una década después de que Artur Mas intentara un pacto fiscal al estilo del sistema que se desarrolla en la CAV y Nafarroa, y que entonces contó con el portazo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, derivando en el periodo más intenso del proceso soberanista. Así lo ha trasladado el propio president tras reunir a su Govern de forma extraordinaria para encargar a sus consellers que empiecen a dar pasos en los acuerdos de investidura alcanzados con los socialistas, una estrategia con la que, además, trata de presionar para que se cumplan esos pactos. Uno de ellos, el que afecta a las arcas catalanas, y que nunca antes PSOE y PP han querido abordar.
La financiación es una de las patas relevantes del consenso que se forjó para investir a Sánchez, y que contó con la participación directa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siempre reacia a la salida de Catalunya del régimen común. En esa alianza también se incluyó la condonación del 20% de la deuda contraída con el fondo de liquidez autonómica (FLA), es decir, de 15.000 millones de euros en total. Esta medida será extensiva para todas las comunidades autónomas que aún deben dinero del FLA, pero esto no evitó que hubiera críticas generalizadas contra la decisión, que permitirá a la Generalitat ahorrarse unos 1.300 millones de euros al año en intereses.
Aragonès no se distancia en exceso de aquel planteamiento que en su día hizo Más y, sin profundizar aún en los detalles, ha subrayado que persigue “el traspaso de toda la gestión tributaria”, desde la recaudación hasta la inspección, e incluso tener la capacidad plena de “regular” los tributos. Además, quiere incluir “mecanismos” para hacer cumplir las inversiones previstas por los Presupuestos Generales de Estado (PGE) que, en ocasiones, el Gobierno español no llega a ejecutar. Una cosa sí ha dejado clara: el nuevo sistema que propondrá tiene que suponer “el fin del déficit fiscal” y, por consiguiente, sacar a Catalunya del régimen común. En este punto, cabe recordar que en su acuerdo con Junts, el PSOE rechazaba ya una financiación especial y lo limitaba todo a una apuesta “por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como a un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación”. Pero ERC no cesará en el empeño. Una vez que la consellera tenga lista la propuesta de modelo “singular, propio y específico”, la Generalitat la presentará formalmente en la próxima reunión de la Comisión Bilateral-Generalitat Estado, que no se reúne desde febrero de 2022, cuando por ley debería hacerlo dos veces al año, una situación que Aragonès busca revertir asegurando que esta vez lo hará en el primer trimestre de 2024.
Aviso a Sánchez
No en vano, ha lanzado un serio aviso a Sánchez: “Para que la legislatura avance, debe cumplir los compromisos y la negociación debe avanzar”. Y en esta tesitura, el Jefe del Govern ha emplazado a las conselleras de Presidencia y de Justicia que lleven a cabo un “seguimiento y observación” de la ley de amnistía, tanto de sus trámites legislativos como de su aprobación en el Congreso. De hecho, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido hoy que “probablemente no” hubieran adoptado esta normativa para favorecer a los independentistas si no la habrían necesitado para la investidura del líder del PSOE, aunque cree que al final habría acabado imponiéndose la medida en otro momento de la legislatura para no volver a la situación de “tensión” de 2017. Asimismo, y en este contexto, el magistrado progresista del Tribunal Constitucional (TC) Juan Carlos Campo ha decidido abstenerse de un recurso de amparo presentado por un particular en relación con la futura ley de amnistía para salvaguardar la “imparcialidad” del tribunal, después de que en los informes sobre los indultos a los condenados por el procés que firmó cuando era ministro de Justicia reflejara que dicha medida era “inconstitucional”.
Aragonés ha confirmado el nombramiento de Pere Macias para la nueva figura de comisionado para el traspaso integral de Rodalies. “Es una persona con talento, solidez y experiencia contrastadas, fidelidad a la Generalitat y experiencia en la gestión del servicio ferroviario”, ha aseverado sobre el exdiputado de CiU, exconseller del Ejecutivo de Jordi Pujol y actual coordinador del Plan de Rodalies 2020-2030 del Gobierno español. A su vez, el president ha evitado polemizar con Toni Comín, mano derecha de Carles Puigdemont, para quien la mesa que vale es la que tendrá lugar entre el PSOE y Junts. “Son polémicas que ahora no tocan, lo que toca es ponerse a trabajar y eso es lo que estamos haciendo. La oportunidad que tenemos delante es tan grande que hemos de evitar distracciones”, ha apuntado el republicano, añadiendo: “Ya hemos asumido victorias. La amnistía es una victoria de país. El que paguemos menos intereses por la deuda generada por la infrafinanciación es una victoria. Gestionar Cercanías es una victoria”. Y ha zanjado con optimismo: “Los imposibles no están en nuestro diccionario”.