En política es habitual que se generen tormentas en un vaso de agua, que no lleven finalmente a ninguna parte. Y la que se ha generado con el plan de eficiencia energética del Gobierno español parece una de ellas. La sobreactuación de la madrileña Isabel Díaz Ayuso contra el plan de Pedro Sánchez para apagar los escaparates y reducir el aire acondicionado y la calefacción ha provocado que se trate de situar en un mismo plano la reacción del Gobierno vasco, cuando la situación es distinta. Comparte el propósito de la eficiencia energética pero recuerda que en este campo Euskadi es “pionera”. Reivindica su propia vía y una trayectoria de planes de cuatro décadas que han ayudado a que la comunidad use un 50% menos de energía. Así lo defendió ayer miércoles la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien compartió el objetivo pero pidió actuar con “sentido común”, no aplicar las medidas de la misma forma en una escuela que en una residencia de ancianos, y defendió también que las multas “no son el camino”.
“Sin multas, hemos demostrado que somos capaces”, alentó la consejera. Recordó que la Unión Europea ha dicho que el compromiso es voluntario y que solo será obligatorio cuando Rusia cierre el grifo del gas. Todavía está muy fresco el recuerdo de la pandemia, donde el Tribunal Constitucional tumbó el confinamiento y hubo que emprender un proceso de devolución de las multas cobradas, con la pérdida de tiempo y recursos que supuso para la Ertzaintza. En este caso, nuevamente, no parecen claras las garantías jurídicas.
Pedro Sánchez, por su parte, ha activado un decreto que no recoge el régimen sancionador, pero se remite a una ley anterior, de 1992, por la cual los espacios comerciales, edificios públicos y otra clase de instalaciones que incumplan las indicaciones afrontarán multas desde 60.000 hasta cien millones de euros. No está claro que esa ley y el decreto casen al cien por cien, y se especula ya con una readaptación de las sanciones. En el decreto sí se fijan las medidas de ahorro, como que la temperatura no baje de 27 grados en verano ni supere los 19 en invierno. Los establecimientos tendrán que mantener las puertas cerradas y apagar los escaparates a partir de las 22.00 horas.
Tapia aclaró que Euskadi no ha esperado a que se publique ese decreto, sino que ha preparado su propio plan de contingencia y ha trabajado con otras administraciones, además de preparar un plan de sensibilización con los ciudadanos y con las empresas. Dijo que el Gobierno vasco, de coalición entre PNV y PSE, está “totalmente alineado” con la Unión Europea y que las medidas se tienen que aplicar sí o sí, pero no solo las medidas para controlar la temperatura, sino también otras a largo plazo. Puso en valor que Euskadi lleva “cuarenta años” desplegando planes y que ahora “toca acelerar”.
¿Dónde está la polémica? El Gobierno español está lanzando el mensaje de que su plan es de obligado cumplimiento, sobre todo, mirando a Isabel Díaz Ayuso, a la que llegó a amenazar con los tribunales. En el caso del Gobierno vasco, que no está planteando un pulso de ese tipo, lo que dice Tapia es que el jueves se celebró una conferencia sectorial con la ministra Ribera donde se dijeron “tres cosas”: “que cada administración fuera responsable y pusiera en marcha sus medidas” y, en ese sentido, hay “una carta de la ministra donde dice que la Administración General tomará medidas y cada comunidad tomará las suyas”; que se usen los fondos europeos para impulsar instalaciones fotovoltaicas y contribuir a este objetivo; y que se transite de las energías fósiles a las renovables. “Euskadi está en las tres”, confirmó Tapia.
A partir de ahí, ¿dónde difiere? Por un lado, plantea utilizar el sentido común y no responder “de manera general” en todos los ámbitos con las mismas medidas. Por ejemplo, cree que no es lo mismo decirle a un niño que se lave las manos con agua fría que decírselo a un anciano en una residencia, o que hay que ser cuidadosos con la reducción de la iluminación en los puntos negros de las calles para las mujeres. Sobre la apuesta por cerrar las puertas, pidió buscar la forma de compatibilizarla con las indicaciones por el coronavirus. Se supone que los espacios deben estar ventilados, sobre todo ahora que la inmensa mayoría se ha despojado de la mascarilla.
LOS PLAZOS
Sobre las sanciones, dijo que la sociedad vasca es “madura y concienciada”, que las multas “no son el camino”, y que la Unión Europea matizó que el compromiso es voluntario y será obligatorio cuando Rusia cierre el grifo del gas. El plan vasco entraría en vigor el 1 de septiembre. Es un dato que tiene importancia para consultar a los sectores implicados sobre las medidas.