El juez del "caso Volhov" ha archivado la causa abierta a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, por una compraventa de petróleo entre compañías rusas y chinas que se sospechaba ocultaba una financiación ilegal, al no hallar indicios "sólidos" de que fuera delictiva.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona acuerda el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a Alay, aunque advierte de que otros datos "con apariencia delictiva" hallados en su teléfono móvil podrán ser utilizados en otras piezas separadas del caso.
La investigación se centraba en una operación de compraventa de petróleo relacionada con Alay y el empresario ruso Alexander Dmitrenko, supuesto enlace de Puigdemont en Moscú a quien el Ministerio de Justicia denegó la nacionalidad española por su presunta vinculación con los servicios de inteligencia rusos.
La causa derivaba de un informe de la Guardia Civil que apuntaba a que la operación -que Alay y Dmitrenko comentaron en conversaciones telefónicas intervenidas- fue posibilitada por personas vinculadas al empresario ruso e intervino en ella Artem Lukoyanov, hijo adoptivo de Vlasilav Shurkov, apodado el "cardenal gris", un influyente exasesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin.
El juez sospechaba que esa operación es similar a otra efectuada por Rusia a favor de una empresa vinculada al político italiano Matteo Salvini que sirvió para financiar ilegalmente la Liga Norte.
No obstante, el magistrado ha decidido ahora archivar la causa al no encontrar "ningún indicio sólido que permita estimar la existencia de indicios de criminalidad" en la operación de compraventa, por más que la misma "carezca de sentido comercial".
"Ni siquiera puede determinarse si la operación de compraventa llegó realmente a efectuarse, aunque sí parece ser cierto que se entregó una paga y señal de cerca de 300.000 euros", agrega el magistrado.
El auto precisa que el archivo solo afecta a la operación de compraventa, por lo que otros datos "con apariencia delictiva" que constan en la causa podrían ser utilizados en otras piezas separadas, como es el caso de la mención de los 300.000 euros que debía gestionar Gerard Figueres -también imputado en el "caso Volhov"- a través del Consell Català de l'Esport.
La Fiscalía Anticorrupción ya se opuso a que se abriera esta línea de investigación y recurrió ante la Audiencia de Barcelona, que avaló la investigación de la compraventa de petróleo ante las sospechas de que pudo ser "una pantalla de financiación ilegal".
Los indicios que permitieron abrir la investigación se derivaban de una conversación intervenida en la que Dmitrenko -que ostentaba el cargo oficioso de "embajador" de la Cámara de Comercio de Barcelona en Rusia- se congratulaba con Alay de la operación de compraventa de petróleo.
"Saludos a todos", "felicidades a todos nosotros" y "primer gran paso hecho" fueron los mensajes enviados en julio de 2020 por el empresario a Alay, que contestó: "muy importante" y "ya hablaré directamente con el presidente tema Cámara y energía".
Según explicó Dmitrenko cuando declaró ante el juez, el motivo de esas alharacas es que consideraban que la operación era "importante" para Catalunya en el ámbito de los negocios, teniendo en cuenta que en esta comunidad están situados los principales puertos, que podrían ser una vía de entrada de gas.
El empresario ruso, que admitió que iba a cobrar una comisión por su intermediación en esa operación aunque al final esta no llegó a buen puerto, adujo que celebró la operación con Alay porque consideraba que si le iba bien a él, le iba a ir bien a Cataluña, dado que acabaría pagando los impuestos correspondientes.