Arranca la comisión de secretos oficiales con presencia de los soberanistas

El Congreso de los Diputados constituyó ayer jueves la comisión de secretos oficiales, de la que pasan a formar parte por primera vez diputados de EH Bildu, JxCat y la CUP, tras la rebaja de la mayoría necesaria –de tres quintos a absoluta– para elegir a sus miembros, por lo que el rechazo de PP y Vox, y la marcha en señal de protesta de C's, no impidieron incluir a los independentistas. PNV y ERC, por su parte, ya habían formado parte de este órgano con anterioridad, y volverán a tener presencial en él.

Los nuevos miembros de esta comisión, elegidos por voto secreto, son Héctor Gómez (PSOE), con 280 votos, Cuca Gamarra (PP), con 282, Iván Espinosa de los Monteros (Vox), 270 votos; Pablo Echenique (Unidas Podemos), 272, Edmundo Bal (Ciudadanos), 276 votos; Aitor Esteban (PNV), 275 votos, y los independentistas Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (JxCat), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Albert Botran (CUP), con 186 votos.

La Comisión parlamentaria de control de créditos destinados a gastos reservados, más conocida como la de secretos oficiales, estará dirigida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y echará a andar previsiblemente la próxima semana, después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ofreciese a la Generalitat esta vía como fórmula para ofrecer explicaciones y tratar de rebajar el enfado del independentismo ante el espionaje político.

A los soberanistas no les convence sin embargo esta salida al entender que es insuficiente, y siguen exigiendo una comisión de investigación sobre el ciberespionaje a más de 60 representantes mediante el programa Pegasus, así como la asunción de responsabilidades.

En la votación de ayer jueves participaron todos los grupos salvo Ciudadanos, que anunció en el debate que no tomaría parte del proceso, celebrado con voto secreto en urna, con papeletas que podían incluir los diez nombres pero que en algunos casos estaban incompletas, como en las de los diputados del PP, que no escribían en sus votos a los representantes de ERC, CUP, JxCat y EH Bildu.

Por su parte, Inés Arrimadas, líder de los naranjas, anunció desde la tribuna que su grupo no participaba en la "infamia", porque "es demasiado humillante", y acusó al Gobierno de "entregar la seguridad nacional a cambio de cuatro votos a un decreto". Ciudadanos sí formará parte de la comisión tras votar el resto de grupos a Edmundo Bal.

Por parte de Vox, Macarena Olona dijo que a los independentistas les preocupa que accedan a sus móviles "porque se saben culpables de atentar contra la integridad territorial de España".

Olona protagonizó además un choque con la presidenta del Congreso. Tras acusar a Batet de "prostituir" la Cámara, ésta afeó a la diputada de Vox que sin "un mínimo de elegancia" se haya dirigido a la única persona que no puede entrar a debate, ante lo que recibió gritos pidiendo su dimisión desde la bancada de Vox.

También el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, acusó al Gobierno español de ceder ahora al "chantaje de sus socios parlamentarios" y sostuvo que el problema es cómo van a usar información "sensible y estratégica para la seguridad del Estado" quienes defienden "la ruptura del Estado", en un contexto de "posibles conexiones", según él, con Rusia y Vladimir Putin.

En contra de la postura expresada por estos grupos estuvo Jaume Asens, de Unidas Podemos, que acusó a la derecha de defender una "España pequeña, sin pluralismo", con Vox como "director de orquesta"; y argumentó que el espionaje masivo no incumbe solo al independentismo, sino que es "un atentado contra la democracia", pues considera Pegasus un "método ilícito e incluso delictivo".

El PSOE, en boca de Rafaela Crespín, defendió que es el primer interesado en que "la verdad gane la partida" y "la transparencia muestre las cosas como son", y argumentó que su herramienta es el "diálogo, el respeto y el entendimiento" y no abandonará ese camino "respetando las leyes de las que nos hemos dotado".

"Golpistas" en la comisión. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó que, a su parecer, "meter a los golpistas en la comisión de secretos oficiales", además de "amañar las reglas del Legislativo para contentar al Ejecutivo", hace "un flaco favor a los intereses de España". A su entender, Seguridad Nacional tiene que "movilizar todos los medios legales y a su alcance para defender a España de una insurrección como la que ha ocurrido en Catalunya".