“Gracias por venir. Los extranjeros nos tratáis mejor que nuestro propio Gobierno”, dice Hatice al equipo español que ha montado un hospital de campaña en Iskenderun, en la provincia de Hatay, una de las más afectadas por los potentes terremotos que el lunes pasado arrasaron el sureste de Turquía, dejando al menos 31.000 muertos y 80.000 heridos.
Hatice, una mujer de cincuenta años, no oculta su enfado con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al que acusa de haber dejado abandonada esta provincia, asegura, por motivos políticos. “Ya se sabe que aquí la mayoría votamos a la oposición, y claro, como aquí no pueden rascar votos, pues no nos dan prioridad a la hora de enviar ayuda”, se queja.
Aunque en las últimas elecciones generales, celebradas en 2018, el AKP, el partido islamista fundado y dirigido por Erdogan, ganó en la provincia de Hatay, su margen respecto al opositor partido socialdemócrata CHP fue mucho menor que en el resto de las diez provincias más afectadas por el desastre. En los comicios municipales de 2019, el CHP obtuvo el 55% de los votos en la provincia, su cuarto mejor resultado en el país, mientras que en varias de las otras provincias afectadas por el terremoto, el AKP superaba el 60%.
Tensión religiosa
Otro vecino de Iskenderun, Mehmet, un conductor de excavadoras, también achaca la falta de ayudas a motivos políticos con un trasfondo de tensión religiosa. “Aquí hay muchos alevíes, y ya sabemos que los suníes no tienen en estima a los alevíes”, comenta.
Los alevíes pertenecen a una confesión monoteísta que formalmente se encuadra dentro del islam, pero sin cumplir ninguno de los mandatos de esta religión, al considerarlos innecesarios para la fe. Su estilo de vida liberal, con el consumo de alcohol normalizado y sin segregación de sexos, contrasta con el de las conservadoras regiones suníes de Anatolia y especialmente con el discurso islamista del AKP.
Pero también en la vecina provincia de Osmaniye, feudo principal del partido ultranacionalista MHP, desde hace unos años estrecho aliado de Erdogan, los vecinos se quejan de que los coches de AFAD, el servicio de emergencia nacional, solo aparecieron al día siguiente de los seísmos. La enorme extensión del territorio afectado, que con unos 100.000 kilómetros cuadrados y unos 10 millones de habitantes es más grande que Portugal, dificulta desde luego una intervención rápida, admiten muchos.
Control de la información
Además, cunde la sensación de que la primera preocupación del Gobierno ha sido limitar el daño a su propia imagen. Solo 24 horas después del sismo, las autoridades difundían una aplicación para móviles dedicada a combatir la “desinformación”, pidiendo a los ciudadanos que denunciaran noticias sospechosas. En la tarde del miércoles, las autoridades ordenaron a las empresas proveedoras de internet de restringir al máximo el acceso a Twitter para evitar la difusión de imágenes y opiniones desfavorables al Gobierno, denuncia el diario Birgün.
La medida provocó especial enfado porque muchas personas utilizaban Twitter para informar sobre edificios derrumbados en los que, a su juicio, se hallaban supervivientes. Aun cuando no nombran directamente al presidente, muchos ciudadanos muestran su decepción con “los políticos” o “los que mandan” en general.
En corto
Casi 40.000
Muertos en lo seísmos. El balance de muertos a causa de los terremotos registrados la semana pasada en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, asciende a más de 36.200, según los últimos balances oficiales, que sitúan en más de 31.600 el número de fallecidos en territorio turco.
Tras 182 horas
Rescatado con vida un niño. Un niño de 13 años fue rescatado ayer con vida tras haber estado 182 horas atrapado entre los escombros de un edificio en la provincia de Hatay. El rescate de Kaan, mostrado en directo por la emisora Halk TV, es uno de los que se siguen produciendo con cuentagotas entre los miles de edificios que se vinieron abajo.
Pillaje
Muerte de un detenido. Un detenido como sospechoso de haber cometido pillaje entre las ruinas de los edificios destruidos murió en comisaria después de haber sido supuestamente torturado, según denunció la CHD, una asociación de abogados.