El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha presentado este martes en el Parlamento Vasco las líneas estratégicas del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, con el que se pretende impulsar modalidades de transporte accesibles y que minimicen el impacto ambiental.
El proyecto de ley, que fue aprobado el pasado 29 de marzo por el Consejo de Gobierno, trata de crear un marco para impulsar la movilidad sostenible en Euskadi y establece un plazo de dos años para que los títulos de transporte sean interoperables en todos los modos de transporte público.
El consejero ha explicado, en su comparecencia ante la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Parlamento Vasco, que la norma "responde a la necesidad de un planteamiento integrado que resuelva adecuadamente las necesidades de la ciudadanía en materia de transportes".
De esa forma, se trata de asegurar una red de transporte "que sea accesible para todas las personas y que tome en consideración la perspectiva de género". También se pretende configurar un sistema "que contribuya a reducir o minimizar el impacto de carácter ambiental y social que se deriva del modelo de transporte actual".
El proyecto de ley se centra en incentivar la movilidad activa (a pie o en bicicleta), el impulso del transporte público frente al vehículo privado, la interoperabilidad de los títulos públicos de transporte, la promoción del tren, y el favorecimiento de la movilidad sostenible desde el ámbito de la planificación autonómica, foral y municipal.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
El texto incorpora, además, derechos y obligaciones de la ciudadanía, su participación en la elaboración de los planes de movilidad o la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas.
El objetivo es reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso de las personas al transporte público. Entre las medidas contempladas en el texto se incluye el establecimiento de un plazo de dos años para que los títulos de transporte existentes sean plenamente interoperables en todos los modos de transporte de la CAV.
FISCALIDAD
El proyecto aborda también la fiscalidad del transporte, de forma que plantea a las diputaciones forales y los ayuntamientos la posibilidad de utilizar esta herramienta y otros instrumentos de política económica para contribuir a la movilidad sostenible.
El articulado del proyecto recoge la opción de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible, como tasas, cánones o gravámenes, tributos y reducciones. Al mismo tiempo, abre la puerta a aprobar bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente.
PLANES DE MOVILIDAD
Con el fin de poner en práctica el concepto de movilidad activa --el impulso de los desplazamientos a pie y en bicicleta--, el proyecto incorpora la obligatoriedad de que los edificios de servicios públicos y las estaciones cuenten con aparcamientos para bicicletas, y que los nuevos edificios residenciales incluyan espacios para este medio de transporte.
El texto plantea, asimismo, la necesidad de crear planes de movilidad sostenible a nivel autonómico y provincial, con una vigencia de diez años.
Los municipios de más de 5.000 habitantes también deberán contar con estos documentos. Los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes podrán solicitar la colaboración de la diputación foral correspondiente para estos planes. Además, el proyecto incluye planes de movilidad en los centros de trabajo.