donostia – Cuando faltan cerca de cuatro meses para que la comunidad autónoma vasca pase a gestionar las prisiones, el Gobierno de Urkullu va a realizar hoy un gesto simbólico de respaldo a los funcionarios que han trabajado en las cárceles, en muchas ocasiones a costa de convertirse en el objetivo de ETA y de sufrir un señalamiento y hostigamiento en sus pueblos por parte de colectivos de la órbita de la izquierda abertzale. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, junto a la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, visitará hoy el centro penitenciario de Zaballa en compañía del equipo que va a gestionar las cárceles, y aprovechará la visita para realizar una ofrenda floral ante la placa en recuerdo a Máximo Casado. Este funcionario de prisiones fue asesinado por ETA en Gasteiz el 22 de octubre del año 2000, tras explotar la bomba que había adosado la organización ya disuelta a su vehículo. Este gesto es una muestra de respaldo a los funcionarios de prisiones y dará pie a que la consejera realice un anuncio en relación a la memoria de este colectivo, según ha podido saber este diario.
Casado es uno de los cuatro funcionarios de prisiones asesinados por ETA, y el único que sufrió ese destino del total de trabajadores de la antigua cárcel de Nanclares. A la entrada de la prisión de Zaballa, una placa de piedra recuerda lo sucedido con Casado. El Gobierno Vasco realizará este gesto político en un momento en que la derecha española está tratando de proyectar que el mensaje de reinserción que lanza la consejera se pronuncia en demérito del trabajo de estos funcionarios y con el fin de dar privilegios a los presos de ETA (que, además, por ahora son solo unos 44 los que se encuentran cumpliendo condena en Euskadi del total de 180 que componen el colectivo de reclusos de la organización desarmada). El Ejecutivo no conocerá la cifra exacta de funcionarios y personal laboral hasta que la transferencia sea efectiva el 1 de octubre, aunque se calcula que son unos 600. Pasarán a englobarse en la estructura de la administración vasca.
El Gobierno Vasco apuesta por una orientación más progresista de la política penitenciaria, impulsando la reinserción y el cumplimiento de penas en semilibertad, un argumento que ha servido a la derecha española para cargar contra este traspaso. El Ejecutivo va a hacer visible su apoyo a los funcionarios de prisiones, tras haberse convertido en objetivo de ETA (fueron asesinados en Euskadi Máximo Casado, José Ramón Domínguez, Ángel Jesús Mota y Francisco Javier Gómez Elosegi). Los trabajadores de las cárceles estuvieron en el punto de mira de ETA, como lo acreditó también el largo secuestro de Ortega Lara.