La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha defendido que los motivos humanitarios fueron los que llevaron al Gobierno vasco a conceder el tercer grado al histórico dirigente de ETA José María Arregi Erostarbe, 'Fitipaldi', quien ha tenido que regresar a prisión después de que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional revocase esta concesión.
La consejera ha explicado que las razones humanitarias están justificadas por la avanzada edad de este preso de ETA, 76 años, por el cumplimiento de su condena y por el hecho de que la haya cumplido en diferentes centros penitenciarios.
No ha querido valorar la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, pero ha dejado claro que su departamento seguirá trabajando para mejorar sus expedientes en esta materia desde el punto de vista técnico, tras insistir en que no comparte "las excepcionalidades penitenciarias de la Audiencia Nacional".
32 progresiones de grado
Artolazabal ha subrayado que el Gobierno vasco aplica "de forma rigurosa" el reglamento penitenciario y ha recordado que desde que asumió la gestión de prisiones las juntas de tratamiento de las cárceles vacas han aprobado 32 progresiones de grado de presos de ETA.
Del total de presos beneficiados, doce han progresado a tercer grado, seis de las resoluciones han sido revocadas, seis están pendientes de resolución y ocho aún están en plazo para ser recurridas.
La consejera ha defendido el trabajo "serio y riguroso" que realizan las juntas de tratamiento de las prisiones a la hora de plantear estos cambios en el régimen penitenciario de los reclusos, y ha recordado que las concesiones de progresiones de grado por parte del Gobierno vasco se realizan a partir de los informes que trasladan los funcionarios que integran dichas juntas.
Además, ha subrayado que el Gobierno vasco analiza cada resolución que emite la Audiencia Nacional ante estas progresiones. En el caso de las resoluciones que revocan decisiones adoptadas por el Ejecutivo vasco, ha asegurado que su departamento las estudia con el objetivo de "mejorar" a la hora de plantear las propuestas de progresión de grado de una forma "más exhaustiva" y para evitar que en el futuro se produzcan nuevos rechazos. "Estamos trabajando en ello", ha afirmado.
Rechazo a la "excepcionalidad"
Artolazabal ha rechazado "valorar" las decisiones de la Audiencia Nacional en torno a este tema. No obstante, ha afirmado que desde un punto de vista "político" el Ejecutivo vasco "no comparte las excepcionalidades penitenciarias" aplicadas a los reclusos de ETA, dado que tras el fin de la organización terrorista "estamos en otro tiempo".
Además, ha subrayado que todas las decisiones del Gobierno vasco se adoptan de acuerdo al "cumplimiento riguroso de la ley penitenciaria" y están "justificadas".
Respecto a los 19 presos que en su día pertenecieron a ETA y que cumplen condena en cárceles alejadas de Euskadi, ha explicado que el Gobierno vasco analiza las propuestas de traslado que le plantea la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que adopta una decisión en función de si los reclusos cumplen los requisitos, principalmente de arraigo, para aceptar su traslado a una cárcel vasca.
Además, ha rechazado que las prisiones de Euskadi tengan "un problema de capacidad" para poder acoger a reclusos procedentes de otras partes del Estado. La consejera ha recordado que su departamento ha rechazado hasta el momento cuatro peticiones de traslado a Euskadi de presos de ETA porque "no cumplían los requisitos".