Artolazabal reivindica la resocialización de los presos frente a “eventuales revocaciones”

Recuperar a los presos para la sociedad, la conocida como resocialización, es la espina dorsal de la política penitenciaria del Gobierno vasco desde que asumió la competencia el 1 de octubre del año pasado. Así lo ha recordado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en el Parlamento Vasco, donde ha defendido que esta práctica, en la que se están destinando ingentes esfuerzos, “favorece la responsabilización y la no reincidencia”. Reivindica por ello esta forma de proceder frente a “eventuales impugnaciones o revocaciones” que, según ella, “no desautorizan” la labor realizada.

Se ha referido así al rechazo, por parte de la Audiencia Nacional, de varias progresiones de grado de miembros de ETA tras ser recurridas por la Fiscalía, de la treintena de regímenes de semilibertad que se han concedido a estos reclusos hasta la fecha. En la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia, Artolazabal ha asegurado que “no existe trato de favor” en el colectivo de presos que cumplen condena en los tres centros penitenciarios de Euskadi, que asciende a 1.562 personas. Ha defendido a su vez el “trabajo riguroso de los equipos técnicos en la valoración individualizada” de cada interno, por lo que estos fallos de la AN no los ponen en cuestión. “Nos costa la valoración positiva de nuestro trabajo por parte de la Fiscalía y los tribunales”, ha argumentado.

La política penitenciaria ha sido de nuevo protagonista en sede parlamentaria, esta vez a petición del diputado de PP+C’s Luis Gordillo. Durante su comparecencia, la consejera ha explicado que una de las vigas maestras del modelo vasco es “incrementar la eficacia de los procesos de reinserción mediante la resocialización en el ámbito comunitario”. En este sentido, ha desvelado que en el poco más de un año transcurrido se ha progresado a tercer grado penitenciario a más de 500 personas, cerca del 40% marcado como objetivo. En este punto ha insistido en que no se trata de excarcelaciones, sino de “una forma de cumplimiento de la condena” que incluye acudir a prisión solo para dormir o controles telemáticos.

Población reclusa creciente

Al igual que ya se dijo con motivo del primer aniversario de la competencia de prisiones, Beatriz Artolazabal ha recordado la dificultad añadida de la “herencia recibida” por parte de Instituciones Penitenciarias, en concreto “las limitaciones de las infraestructuras heredadas y el dimensionamiento de la plantilla”, en referencia a la carencia de personal. Pese a que se han puesto en marcha planes a largo plazo para paliar ambos lastres, se han acometido actuaciones inmediatas para garantizar la prestación de un servicio adecuado. Por ejemplo, con la ejecución de obras “imprescindibles”, también en Martutene pese a que este centro va a ser sustituido en 2024, y con la puesta en marcha de una bolsa de trabajo.

Otro hándicap es el incremento de la población penitenciaria, que de los 1.290 internos de que constaba en enero de 2021 ha pasado a 1.562, 272 más. Según la consejera, ello obedece a que el número de personas que ingresa es superior al que son excarceladas (875 frente a 748, respectivamente, en el último año). También a que “el flujo de traslados entre Euskadi y el Estado es menor” que a la inversa, lo que, en su conjunto, “limita la posibilidad de asumir todos los traslados de personas penadas que solicitan cumplir la pena en Euskadi”.

A la espera de contar con una plantilla más acorde a las actuales necesidades y de la apertura del nuevo centro de Zubieta, ha recordado los criterios que se siguen a la hora de aceptar o no dichos traslados, como “el arraigo enfocado a las posibilidades de reinserción en el entorno”. En una anterior comparecencia el 4 de octubre, Artolazabal dijo que, de las 388 peticiones de traslado a Euskadi presentadas hasta entonces, se admitieron 157 sobre todo en base al arraigo de los solicitantes, lo que suponía un 40,46%. Hoy ante los representantes de los grupos parlamentarios ha añadido que, del total de solicitudes rechazadas, ocho corresponden a “internos condenados por su vinculación a organización terrorista”.