Cada inicio de año trae consigo subidas en los precios, pero esta cuesta de enero va a ser algo más pronunciada por el fin de algunas medidas aplicadas por el Gobierno español para aliviar los efectos de la crisis inflacionista. Para empezar, los alimentos básicos como el pan, los huevos, la fruta, las verduras y la leche, vuelven a gravarse al 4%, al igual que el aceite de oliva, que ahora está incluido en esta lista. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que este incremento supone un gasto adicional de 72 en el presupuesto de los hogares.
La electricidad también vuelve a gravarse al 21% todos los meses, sin excepción. Y es que, aunque el Gobierno de Sánchez recuperó su tasa habitual la pasada primavera, ha mantenido un matiz: aplicar un IVA reducido del 10% a la electricidad para aquellos contratos que no superen la potencia de los 10 kilovatios si el precio al que el mercado mayorista compra la electricidad superaba los 45 euros por megavatio hora (MWh).
Otras medidas aplicadas por la crisis inflacionista derivada de la guerra de Ucrania fueron los descuentos en el transporte. Los usuarios de Renfe de Media Distancia y Cercanías han sido los más beneficiados, ya que han podido hacer estos trayectos de forma gratuita durante dos años, lo que ha supuesto un importante alivio para sus bolsillos. Sin embargo, todavía no está claro si los bonos gratuitos llegarán a su fin o ser renovarán. Por un lado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dejado entrever que a partir de 2025 estos bonos podrían ser reemplazados por nuevas fórmulas que, aunque reduzcan los costes de los viajes, no sean completamente gratuitas.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró hace unos días su predisposición a estudiar su renovación. Habrá que esperar, por lo tanto, a final de mes para ver si se producen anuncios al respecto. Quienes sí se han pronunciado son las administraciones de la CAV, que ya han anunciado que contemplan suprimir los descuentos generalizados en el transporte público, que en estos momentos suponen el 50% del precio del billete, y reducir la bonificación a un 20% solo para tarjetas personalizadas de mayor uso y abonos, con el fin de “premiar” a las personas que usen con asiduidad el transporte público, aunque la decisión final de cómo aplicar ese descuento corresponderá a cada operador. Hay quienes, al menos, alargarán la rebaja del 50% un poco más, hasta el 20 de febrero en el caso de Bizkaia, que ha asegurado que la mantendrá en todos los viajes abonados con la tarjeta barik y en los títulos temporales.
Una de las novedades que puede traer el próximo año es la subida del impuesto al diésel para equipararlo con el de la gasolina. El cambio se traduciría en un incremento de 11 céntimos por litro de gasoil, unos 100 euros al año con un uso medio del coche. El objetivo del Departamento de Hacienda es aprobar un real decreto ley en el último Consejo de Ministros del año, el día 23, y luego tratar de convalidarlo en el Congreso a lo largo de enero. Esto último algo más complicado por la postura de Podemos, que ya ha manifestado su oposición si no se aprueba el impuesto a las energéticas.
Tasa de basuras
Lo que es un hecho es el incremento en 2025 de la tasa de basuras para cumplir una directiva europea y la ley estatal de residuos, que exige a las administraciones ajustar sus tarifas para promover una gestión de residuos más sostenible. Por ejemplo, en Donostia, será del 26,54%, lo que significa que, para una vivienda tipo de cuatro ocupantes, cuyo recibo anual actual es de 210,24 euros, el incremento supondrá un desembolso adicional de 55,8 euros anuales o 14 euros por persona. En Gasteiz se ha anunciado una subida generalizada del 4% que se aplicará de forma progresiva mediante la introducción de nuevos tramos basados en la superficie de las viviendas y locales. Con este sistema progresivo, los precios para 2025 oscilarán entre 50 y 179 euros, dependiendo del tamaño de la propiedad. Y, en Bilbao, el incremento será del 25%, aunque no entrará en vigor hasta 2026.
De momento, este año, la tasa de basura conllevará un aumento medio de 132 a 135 euros al año, mientras que el IBI de tipo general pasará de 177 a 180 euros. Los impuestos municipales subirán también un 3,9% en Donostia y un 4% en Gasteiz. Por contra, el Ayuntamiento de Iruñea congelará todas las tasas municipales para 2025 y rebajará el gravamen de la contribución al mínimo legal para amortiguar las subidas que se aplicarán en todos los barrios al poner al día el valor de los bienes inmuebles que contiene la ciudad. Otra medida que entra en vigor este año. El Gobierno español ha incluido dentro de los Impuestos Especiales que gravan el tabaco los líquidos para cigarrillos electrónicos o vapers, que a partir de enero tributarán como el resto del tabaco. El nuevo gravamen recaerá sobre los fabricantes y comercializadores (estancos, gasolineras, tiendas...), aunque se prevé que el alza se traslade al consumidor con una subida del precio.
Pensiones y SMI
Pero no todo van a ser subidas de impuestos. Las pensiones contributivas se incrementarán definitivamente un mínimo del 2,8% el año que viene, una vez conocido el dato definitivo de inflación de noviembre. Y es que la reforma de las pensiones de 2021 toma como referencia la subida de la inflación media del año en los 12 meses anteriores a noviembre –en este caso de diciembre de 2023 a noviembre de 2024– para calcular la revalorización de las pensiones. Esta puesta al día supondrá cerca de 600 euros más al año para los pensionistas con una prestación media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales.
Y el IPC anual también se tomará como referencia para una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Actualmente se sitúa en 1.134 euros (en 14 pagas), tras el incremento del 5% el último año, por lo que, si la subida que prepara Yolanda Díaz es del 2,8%, que es lo que han aumentado los precios este año, el salario mínimo llegaría a los 1.166 euros en 2025. Este ascenso se empezará a aplicar a partir del 1 de enero de 2025, aunque la negociación se prolongue más allá de diciembre.
Cabe destacar que el 2,8% es el mínimo del que se parte, porque se plantea una subida de incluso el 4% teniendo en cuenta que los salarios en convenio firmados este año recogen subidas salariales del 3,8%. Un dato que está por encima del incremento de la inflación media del año, un escenario muy diferente al de los últimos años, especialmente 2022.
Sin embargo, a pesar de que la crisis inflacionista está quedando atrás, sus efectos todavía son notorios. “La compra de alimentos sigue pesando demasiado en la economía doméstica de muchas familias, no solo las más vulnerables”, advierten desde la OCU.