Conducir por encima de los límites de velocidad, bajo los efectos de las drogas o el alcohol, sin cinturón de seguridad o con el móvil en la mano son solo algunas de las infracciones de tráfico que los conductores cometen a diario. Estas actitudes irresponsables llevan aparejadas unas sanciones que suponen, en mayor o menor medida, un perjuicio económico para los infractores.
En este contexto, el partido político Sumar ha anunciado en el Congreso la presentación de una proposición de ley para adecuar las multas de tráfico a la capacidad económica de los ciudadanos. En concreto, propone que estas sanciones sean progresivas y se ajusten en función de la renta del infractor, con el objetivo, señalan, de que las multas sean más equitativas y disuasorias.
Siguiendo modelos de países como Finlandia, Suecia o Suiza, la idea gira en torno a una modificación del artículo 81 de la Ley de Tráfico para establecer estos nuevos parámetros en consideración de los ingresos de los infractores.
Propuesta de sanciones
Según la propuesta de Sumar, la ponderación del monto de las sanciones económicas se incrementaría de la siguiente forma: en un 150% para los que declaren ingresos brutos anuales de entre 70.000 y 85.000 euros; en un 300% para los que ganen entre 85.000 y 100.000 euros, y en un 500% para los que superen los 100.000.
Como ejemplo práctico, si la velocidad de la vía es de un máximo de 100 km/h y un conductor circula a 110 km/h, actualmente la multa es de 100 euros sin retirada de puntos. Con la proposición, si dicho conductor cobra entre 70.000 y 85.000 euros, su multa sería de 250 euros, y si cobrase hasta 1,5 veces el SMI, pagaría 85 euros.
Tráfico en una vía urbana con la velocidad controlada por radar.
Así, las reducciones serían del 30% para aquellos conductores que acrediten ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo, y de un 15% para los que se sitúen entre 1,5 y 2,5 veces de esa renta mínima establecida.
Para poder proceder con la iniciativa, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social deberían suministrar a las autoridades de Tráfico los datos necesarios para aplicar estos criterios de nuevo cuño.
El portavoz de IU y miembro de Sumar, Enrique Santiago, ha destacado que la propuesta busca evitar que una multa tenga un impacto desproporcionado según la capacidad económica del infractor, asegurando que las sanciones sean efectivas para todos los conductores, independientemente de su nivel de ingresos.
Tres categorías
Actualmente, las multas de tráfico se clasifican en tres categorías según la gravedad de la infracción: leves, graves y muy graves.
Las leves están castigadas con una multa de hasta 100 euros y no conllevan pérdida de puntos; las graves, multa de 200 euros y pueden implicar la pérdida de puntos, dependiendo de la infracción específica, y las muy graves, multa de 500 euros y siempre conllevan pérdida de puntos.
Es importante destacar que, en función de la gravedad de los hechos, la sanción económica puede ser mayor. Por ejemplo, algunas infracciones pueden acarrear multas de hasta 600 euros. Además, ciertas conductas específicas tienen sanciones particulares. Por ejemplo, conducir sujetando el teléfono móvil con la mano se sanciona con una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.
¿Se aplicarían a todo el Estado?
En el Estado, la competencia en materia de tráfico y seguridad vial corresponde, por defecto, a la Dirección General de Tráfico (DGT), que depende del Ministerio del Interior, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil de Tráfico y policías locales en su ámbito urbano). Sin embargo, hay tres comunidades autónomas que han asumido estas competencias de manera exclusiva: Catalunya (desde 1998, los Mossos d'Esquadra), la CAV (desde 1982, la Ertzaintza) y Navarra (desde 2023, la Policía Foral).
Así, dado que la propuesta de Sumar implica una reforma legislativa a nivel estatal, su implementación en estas CCAA requeriría la colaboración y acuerdo con las autoridades de Navarra, la CAV y Catalunya para que las multas progresivas según la renta se apliquen en estas comunidades. Esto se debe a que, al tener competencias exclusivas en materia de tráfico, cualquier modificación en el sistema sancionador debería ser consensuada con sus respectivos gobiernos autonómicos.