Asociaciones judiciales han rechazado este viernes las "graves" palabras del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha calificado de "intento de atropellar la democracia" por parte de la "derecha jurídica" el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) convocase un pleno de urgencia para discutir el recurso del PP a la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solo la política sino la jurídica, jaleada por la derecha mediática y esto es inaceptable", sostuvo Sánchez este jueves, que cargó a su vez contra lo que consideraba un "complot burdo" por parte de la derecha y la ultraderecha.
"Eso es absolutamente deleznable. Merece ser puesto de manifiesto. Es peligroso poner a prueba un sistema que funciona bien", ha advertido el miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Juan José Carbonero que ha rechazado "de plano las cuanto menos desahogadas declaraciones" del jefe del Ejecutivo español.
"Tendrá que identificar a quién reconoce por derecha jurídica. Es una muestra más de un intento de polarización de quienes forman y conforman las instituciones del país. Está dentro de un debate político interesado. El responsable de las palabras es quien las dice. Tendrá que explicar los motivos de una polarización y unas tensiones innecesarias", ha sostenido.
INSTRUMENTO LEGITIMO
En este contexto, Carbonero ha dejado claro que la reunión de este jueves en el TC --que se pospuso al lunes-- "no es un intento de nada", sino la "utilización por parte de un grupo político de los instrumentos y mecanismos que la ley del TC pone a disposición de quien está legitimado para acudir ante el por actos administrativos de un poder del Estado".
"Aquí todas las instituciones deben estar bajo el imperio de la ley y deben de quedar sujetas a la Constitución, no solamente son los jueces", ha recordado el integrante de APM, que también ha criticado que los grupos parlamentarios hablen de "intentos de golpes" de Estado por parte de la magistratura.
En contraposición con esas declaraciones, el magistrado ha puesto de relieve las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que este miércoles reivindicó el trabajo de la justicia española y destacó que los magistrados se dedican a la aplicación de las leyes, no a su redacción. "Ellos no hacen la ley. Si hay fallos son de la ley y no son fallos de los jueces", aseguró.
"NO SE PUEDE SALIR A DESLEGITIMAR" AL TC
Por su parte, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha calificado de "muy graves" las declaraciones de Sánchez, que debería "conocer cómo funcionan los mecanismos de la Constitución española". "El TC tiene la obligación de pronunciarse cuando se le solicita amparo", ha recordado.
En este contexto, ha señalado que el Constitucional no puede negarse a responder a la citada petición de amparo. "¿Qué va a ser lo siguiente, cambiar al ley para que los diputados no puedan pedir amparo? Tendrá que entrar a resolver. Los derechos de los parlamentarios son derechos de los españoles. Si nuestros representantes entienden que están siendo soslayados sus derechos al final es el ciudadano el que esta detrás", ha explicado Portillo.
Así, el presidente de FJI ha incidido en que "lo que se está transmitiendo es que los parlamentos están por encima de la Constitución". "Ninguno lo está. Quien tiene que salvaguardar eso es el TC. No se puede salir a deslegitimar eso porque estás defendiendo retroceder dos siglos", ha apostillado.
"DECLARACIONES PROPIAS DEL JUEGO DEMOCRÁTICO"
Para el miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) Edmundo Rodríguez "lo importante es destacar que el TC no puede intervenir en el proceso legislativo". "Lo que ha planteado el PP provoca este tipo de reacciones. Tenemos un problema y es que el TC no se está renovando por el CGPJ", ha destacado.
En esta línea, Rodríguez ha aseverado que la reforma planteada por el Ejecutivo español "solo buscar superar ese bloqueo". "Todo lo demás, estos excesos de decir que hay un golpe de Estado por cambiar una ley o calificar al TC... son declaraciones propias del juego democrático pero no reflejan la realidad. Ni hay un golpe de Estado ni el TC lo está aceptando por reunirse y decidir", ha concluido.
El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, considera que estas declaraciones encuentran su base en "un problema de incapacidad de los políticos que están en el Gobierno, en el Congreso y en el Senado".
"Se han demostrado incapaces de tomar decisiones que permitan dar una salida normalizada a los problemas que tiene el país. Como son incapaces están utilizando las instituciones del Estado para lograr dar salida a sus iniciativas por vías heterodoxas. Están llevando al sistema constitucional al límite y están jugando con fuego", ha advertido.
A juicio de Fernández Vaquero, el "problema es que están colaborando a que este riesgo extremo" afecte a otros órganos constitucionales. "Los jueces lo que estamos haciendo es resolver asuntos que llegan a los juzgados. Creo que lo que esta pasando es que las declaraciones del presidente lo que demuestran es que el, miembros de su gobierno y la inmensa mayoría de los diputados están navegando en las aguas de la oscuridad intelectual", ha zanjado.