Asociaciones memorialistas, optimistas y a la expectativa tras el anuncio del Gobierno español de dejar sin efecto la Ley de Amnistía

lAS asociaciones memorialistas y los investigadores e historiadores son, aparte de las propias víctimas, los mayores interesados y afectados por la futura Ley de Memoria Democrática que se está cocinando en el Congreso de los Diputados. Consultados tres de ellos por DEIA a cuenta del aluvión de novedades que trascendió ayer miércoles por el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos y las enmiendas del resto de grupos, estas voces autorizadas expresan primero sorpresa ante la vía para pasar por encima de Ley de Amnistía de 1977; después reciben la noticia con optimismo y por último dicen esperar que estos anuncios lleguen a buen término.

Es el caso de Juan Ramón Garai, quien asegura que "ya es hora de que se haga justicia, pero yo como Santo Tomás, mientras no meta la mano no lo veo". Garai, que se encuentra estos días enfrascado en la preparación de la segunda edición de un libro sobre la Guerra Civil en Arrasate, añade que "cargarse la Ley de Amnistía es lo que llevamos pidiendo las víctimas desde hace 85 años". Una exigencia enquistada desde hace mucho y que sigue rechazando el PSOE, que no avala anular esta norma de la Transición.

El también miembro de Intxorta 1937 Kultur Elkartea alude a continuación a un aspecto fundamental, el de la legislación internacional, que establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben, y cita el caso de su propio abuelo, miembro del PNV, fusilado en la guerra en Hernani y aún hoy desaparecido. "Es lo que ha hecho la jueza Servini al procesar a Martín Villa, porque en Argentina estos crímenes siguen vigentes", ilustra. Añade que la Ley de Amnistía ha sido enarbolada de forma "torticera" por muchos "jueces españoles que se agarran a la misma para no cumplir con los preceptos internacionales".

Sobre este mismo asunto, Jon Irazabal considera que reabrir las causas por crímenes cometidos durante el franquismo tendría sobre todo un carácter "simbólico", debido a que "muchos de los culpables ya han fallecido". Este investigador de la dictadura considera, eso sí, importante dar este paso por lo que supondría de "restitución a muchas familias, que han tenido sentimientos de culpabilidad por lo que les decían los jueces en la época". Opacar esta Ley tendría por tanto como consecuencia "un reconocimiento moral, más moral que efectivo".

Preguntado por otro aspecto del acuerdo, la ampliación de la consideración de víctima del franquismo hasta 1982, valora que "Franco murió en el 75, las primeras elecciones democráticas fueron en el 79 y hubo unos años de vacío en los que el dictador desapareció pero la estructura seguía: los juzgados, la Policía...". "Franco siguió después de la muerte de Franco, el ejército franquista civil perduraba en las instituciones", insiste Irazabal, que es también miembro de la Asociación Guerra Civil y Exilio (AGE).

Ley de punto final

Otro testimonio reseñable es el de Jimi Jiménez, que trabajó en la sociedad Aranzadi como investigador de personas desaparecidas y fusiladas, y que ahora integra Durango 1936 Kultur Elkartea. A preguntas de este medio, califica en primer lugar la Ley de Amnistía de "ley de punto final, que impide la investigación sobre vulneraciones de derechos en el franquismo". Considera por ello que "lo suyo sería que dejara de existir pero veo bien que para ciertos crímenes haya una ley que está por encima".

Sobre la propuesta de rebautizar el Valle de los Caídos como Valle de Cuelgamuros, subraya que esta última denominación "define geográficamente el espacio donde se ubicó", y que este paso "formaría parte de la readaptación" del mausoleo a nivel simbólico. Coincide por último con Irazabal al opinar que "evidentemente, el franquismo no se acaba en noviembre del 75, la estructura que mantenía pervivió unos años más donde se siguieron vulnerando los derechos humanos".

enmiendas del pnv

pide el retorno de documentación

Archivos incautados. En sus enmiendas a la Ley de Memoria Democrática el PNV reclama, entre otras cuestiones, la devolución de los archivos incautados a las instituciones vascas durante la Guerra Civil y la dictadura. De esta manera, los jeltzales buscan "reparar la expoliación con fines de represión llevada a cabo por el franquismo de una documentación oficial que forma parte del patrimonio colectivo de la sociedad vasca, a la que sus instituciones representan". Asimismo, el Grupo Vasco aboga por introducir una nueva disposición final en la norma con el objetivo de "garantizar que el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos no se vea limitado" por la Ley de Patrimonio Histórico Español. En la misma línea, el PNV incluye otra enmienda que busca "establecer nuevos plazos para el ejercicio del derecho de restitución" a particulares de documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.