“Aumentan las agresiones sexuales entre menores y se dan a edades más tempranas”

José Miguel Fernández es abogado y delegado en Euskadi de la Asociación Clara Campoamor, que lleva casi cuatro décadas dedicada a defender los derechos de la mujer y la infancia. La asociación se personó como acusación popular en el juicio que dirime el caso de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía y delitos contra la salud pública de siete adolescentes, varios de ellos bajo la custodia de la Diputación de Álava cuando se produjeron los hechos. El conocido como Caso Sansoheta finalizó esta semana en espera de la sentencia del tribunal de la Audiencia Provincial de Álava. Una causa con diez inculpados por haber mantenido relaciones sexuales con menores a cambio de dinero, seis años de compleja investigación y un sumario de más de 5.000 folios.

Imagino que habrá vivido una última semana bastante intensa.

–Sí. Ha sido un juicio con mucho trabajo, debido al alto volumen de documentación e información y a que había muchos imputados y víctimas.

Un caso, podemos decir complicado, por la edad de las víctimas, su negativa a denunciar, la obtención de pruebas, su expectación mediática, varios menores bajo tutela... Muchas cuestiones sobre la mesa.

–La asociación se persona en asuntos que entendemos que existe gravedad en los hechos y que hay interés social y público en el asunto. Queríamos demostrar que no hay impunidad por estar con menores por Internet. El tema de la juventud, sexo y nueva tecnologías es horrible, un foco de delitos y abusos terrible.

Me habla de Internet, ¿cómo se pueden implantar mecanismos reales de control para que los menores no accedan a páginas web que invitan a la prostitución?

–Es difícil, pero hay que exigirles una mayor responsabilidad. Deben tener un control real de identidad mediante el DNI. No puede ser que se acceda solo clicando encima del recuadro de 18 años, sobre todo, si estoy ejerciendo una actividad, digamos complicada y peligrosa. Hasta las casas de compro oro tienen un control de identificación e incluso los cuerpos policiales comprueban el producto antes de venderlo.

Hay páginas web de anuncios que son el nexo de unión entre acusados y víctimas, ¿se les pedirá algún tipo de responsabilidad?

–Presentaremos una queja ante el Defensor de Infancia y Juventud porque algo hay que hacer en la legislación para que no sucedan estas cosas que, por cierto, cada vez son más. Estamos hablando de comerciar con sexo y debe exigirse mucho mayor control.

Y más teniendo en cuenta que parece común y mayoritario que los jóvenes exploren su sexualidad o den sus primeros pasos en la materia a través de Internet.

–Hay dos grandes maestros de sexo para la juventud. El amor romántico que es una gran mentira y la pornografía que es lo más lejano a la realidad de mantener relaciones con otra persona. Es una gran error de esta sociedad.

¿Falta educación al respecto por parte de progenitores y escuela?

–Es que no estamos enseñando. Antes no se hablaba de sexo y ahora se habla mal. También hay una deficiencia en educación en valores y humanidad. Hay una educación material donde las personas son cosas y eludimos la identidad personal y sexual. Por otro lado, tampoco hay un principio de autoridad en la juventud

Volviendo al juicio, ¿qué espera de la sentencia?

–Esperamos que se haga justicia. Cuatro de los imputados han conformado porque no tenían otra salida ante el gran volumen de pruebas incriminatorias. Para el resto, creemos que el resultado probatorio ha sido el esperado, ya que no ha habido nada nuevo que haya cambiado la calificación. Al contrario, se han pedido más penas e incluso ha aparecido como han intentado extorsionar y coaccionar a los menores para que no declaren, lo cual es gravísimo. La Fiscalía ya ha pedido que se investigue.

Han manifestado su intención de pedir responsabilidades a la Administración.

–No podemos ver normal que sobre un menor, que está bajo la protección de la institución pública, se estén cometiendo delitos durante más de un año porque sino ya me dirás donde esta la protección. La ley dice que un padre tiene la responsabilidad subsidiaria de lo que hace su hijo. En este caso, el padre es la Administración. Eso está claro. El Ararteko también se ha pronunciado al respecto. Luego habrá que investigar bien si tiene algún tipo de responsabilidad más por dejación de funciones.

Hace apenas dos semanas conocimos otro caso de abuso sexual a una menor por parte de un educador.

–Cómo un educador que tiene una sentencia condenatoria por violencia de género puede estar con este tipo de chavales mega hipersensibles y más en una juventud que se está formando en igualdad de género. Estamos en los mismo.

¿Qué falla en el sistema de protección para no detectar correctamente estos casos?

–El modelo actual de protección de infancia, juventud y familia está desfasado conceptualmente y desbordado ante la magnitud de los problemas. Partimos de una mala concepción de un menor infractor, rebelde y delincuente, y eso da muchos problemas. Actuar ante una familia debe ser un trabajo normalizado y no lo excepcional ante una situación de desamparo o delictiva. Se deben dotar de los recursos suficientes para ello y la gestión indirecta del servicio no ayuda, ya que limita el control de la institución, acarrea precariedad laboral y el ratio de monitor por chaval es insuficiente.

¿Cómo se puede mejorar el ámbito legal y judicial para mejorar la protección y el acompañamiento de un menor que ha padecido abusos sexuales?

–El problema es que tenemos una justicia del siglo XIX. Aunque le pongamos parches digitales, todo el procesamiento penal es el mismo que en 1899. Es un absoluto desastre para la víctima. Todos los días denunciante y denunciado se juntan en el juzgado porque les dan la cita a la misma hora. Hace falta sensibilidad, humanidad y formación tanto judicial como policial. El juzgado actúa como una auténtica apisonadora. No está hecho para tratarte bien.

¿Me lo podría concretar?

–Mira, una fiesta entre adolescentes. Chicos, chicas, beben, se lo pasan bien y una chica y un chico van a una habitación a mantener una relación sexual. Antes de empezar, la chica deja expresamente claro que lo quiere hacer con preservativo y, lo repito, lo deja expresamente claro. Durante el coito el chico se quita el preservativo y finaliza dentro, con todo lo que ello conlleva para la mujer que tiene que seguir todo un protocolo para evitar un posible embarazo. Lo denuncia y el juzgado lo archiva porque el juez dice que la relación era consentida (hace una pausa y suspira profundamente). Otra. Una mujer a la que le arrancan literalmente toda la ropa durante la relación sexual . Se la rompen a jirones. Llega al juzgado y se archiva porque le dicen que ella práctica sado. Y sí, practica sado, pero eso no conlleva que la agredan contra su voluntad y le destrocen la ropa. Hay un montón de casos de este estilo.

Por lo ejemplos que pone está claro que todavía queda mucho camino por recorrer.

–Todas las semanas tenemos una queja de una mujer a la que no le han dejado denunciar. Va a comisaría y le dicen: Bah, vete a casa y piénsatelo. Eso no es delito. Todas las semanas. En fiestas hubo casos de chicas que fueron a denunciar pinchazos y la policía les dice: Venga chica que encima te han dado droga gratis. Falta muchísimo en cuanto a sensibilización y formación judicial y policial, muchísimo.

¿Trasladándolo al ‘caso Sansoheta’?

–En este juicio ha fallado todo. Ha fallado la Justicia, la Policía y la institución. Hubo fallos continuos de coordinación entre todas las partes. La ley no es amable con las víctimas, no las protege y las revictimiza.

El procedimiento judicial es complicado para todo el mundo, pero imagino que mucho más para unos chavales o unas mujeres que tienen que pasar una y otra vez por lo vivido.

–Al final el código penal solo sanciona, pero no arregla en nada la vida de la víctima. Nos estamos venga a fijar en los quirófanos, que son el código penal, el juzgado y la denuncia, cuando el problema está en la enfermedad, que es la desigualdad entre mujeres y hombres. Ahí es donde hay que centrar todos los esfuerzos, en eliminar esa desigualdad. Cuando la eliminemos, habrá menos agresiones sexuales porque se respetará a las mujeres. Todo esto viene de una falta total de respeto hacia las mujeres.

Cada año aumentan las denuncias. ¿Es debido a una mayor concienciación social o por qué se dan más casos?

–Es una mezcla de las dos cosas. De la pérdida del miedo a denunciar y porque realmente se dan más casos.

¿Respecto a los menores?

–Se han incrementado muchísimo los casos de agresiones sexuales entre menores. A la asociación nos vienen dos o tres jóvenes todos los meses. Lo que ha variado es su naturaleza. Antes eran agresiones sexuales de noche, en un parque y por parte de un desconocido y ahora el gran volumen lo cometen conocidos. Mi novio, mi ex, mi compañero de clase, de extraescolares, y se produce en edades cada vez más tempranas. Vuelvo a lo mismo, a la deficiencia en educación de valores.

Todavía es más complicado si el agresor es cercano a la víctima.

–Totalmente, porque no es un tercero al que odio, no conozco y hay que buscar. Es mi propio compañero, gente conocida del colegio. Estos casos son mucho más difíciles de abordar. Está la presión familiar que, muchas veces, quiere ocultar los hechos para que nadie se entere. La presión social porque le voy a seguir viendo en el colegio. También el qué le voy a contar a mis padres o me siento avergonzada de que salga a la luz por lo que puedan decir de mi.

Son abusos cometidos a puerta cerrada e, imagino, más complejos a la hora de denunciar.

–La denuncia comporta que voy a tener que probar lo que ha sucedido. Es legítimo que una víctima no quiera denunciar, pero no obsta que es víctima. Una víctima es víctima, aunque piense que no lo es. El interés general de la defensa supedita tu interés particular. Hay víctimas de violencia de género que no quieren denunciar, pero legalmente es un delito público. Estamos ante una epidemia y no se puede tratar como un caso concreto. En el ámbito del juicio sobre los menores víctimas de abusos sexuales, ellos piensan que lo hacen conscientemente, pero no existe ese consentimiento. No es correcto, no tienen la capacidad para tenerlo y mucho menos en la situación que se encontraban porque no lo hacen voluntariamente, sino en un estado de necesidad. La legislación es clara al respecto.