El pasado lunes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reunían con las grandes cadenas de distribución en lo que ella denominó un “prólogo” de lo que será una reunión más extensa prevista para esta próxima semana, donde ya sí se estudiarán las propuestas sobre la mesa de la distribución, como la de bajar el IVA de algunos alimentos, una iniciativa que llevan planteando desde la primavera. Pero en ese primer “prólogo”, la vicepresidenta volvió a presentar su idea de que las grandes cadenas que tienen beneficios limiten los precios de ciertos productos básicos para paliar así la subida de los alimentos. Propuesta que desde que fue ideada no ha hecho más que recibir negativas.
La primera fue por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que advirtió la semana anterior de que cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido tanto por la Ley de defensa de la competencia como por el Tratado de funcionamiento de la UE, que “prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia”. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, apuntó además que “pactar o limitar precios es ilegal”, como lo es también “una simple reunión con el único objetivo de pactar precios”. Sin embargo, Díaz subrayó que existen “excepciones en la ley de comercio” y que su propuesta “no es que no vulnere la legalidad, es que la respeta absolutamente y está basada en el principio de competencia”.
Parte del seno del Gobierno también se unió a las críticas. Especialmente directo fue el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien, junto con el Ministerio de Industria, son las únicas carteras con competencias directas en la cadena alimentaria y el comercio. Así, Planas insistió en que la intervención de precios es una medida excepcional que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es. “Nadie tiene en su mano fijar precios”, dijo y aseguró que el Gobierno no está estudiando ninguna propuesta de control de precios que pueda fijar una cesta básica con un precio máximo aunque sí pide a la distribución que “asuma su responsabilidad en la contención de precios” habiendo que “respetar la ley de la cadena alimentaria”, por la cual cada actor de la cadena tiene que vender a un precio superior a los costes que le ha costado producir.
El Ministerio de Economía destacó que deben mantenerse estables los márgenes de beneficio de las empresas y que debe garantizarse el funcionamiento de la competencia y Margarita Robles, responsable de Defensa, directamente argumentó que estas medidas “no le corresponden” a la vicepresidenta y que hay datos técnicos que “hay que conocer”. Asimismo Patxi López mostraba su preocupación por el efecto que pueda tener -negativo- sobre el comercio minorista; el cual también participaría en las críticas.
Comercio minorista
Se unía poco más tarde a las negativas la patronal del pequeño comercio que denunció que un pacto de tal calibre del Gobierno con las grandes distribuidoras favorecería a estas y “atentaría directamente” contra el comercio de proximidad afectando a toda la cadena alimentaria, incluidos los productores, a los que indirectamente también se les estaría poniendo un tope a la hora de pagarles en origen. “De salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad, que no puede competir en márgenes ni asumir los costes”, advertía en un comunicado la Confederación Española de Comercio (CEC). La patronal también añadió que esta propuesta llegaba en un momento “especialmente complicado” para el comercio minorista que lleva ya meses soportando “el aumento de sus costes fijos y de sus costes variables ante el alza del precio de los productos”. Además, según el presidente de ATA, este límite a los precios conllevaría un “daño irreparable” para la agricultura y el pequeño comercio, que, por si no fuera suficiente, no estuvieron invitados a aquella primera reunión con Díaz y Garzón.
Poco después de la reunión, las tres patronales de la distribución que participaron en el encuentro mandaron un comunicado conjunto señalando que las empresas de distribución alimentaria no podrían aceptar el acuerdo. La Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), coincidieron en que resulta “inviable y contraproducente” limitar los productos básicos de la cesta de la compra porque se parte de “un diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena”.