Ayuso admite la cara B de su rebaja fiscal: la "austeridad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado este viernes Euskadi con un mensaje que trataba de regalar los oídos al grupo de empresarios congregado por los populares vascos. Isabel Díaz Ayuso volvió a defender en Gasteiz su modelo de baja presión fiscal para atraer inversiones, un modelo que ya fue rechazado hace meses por el lehendakari con el argumento de que hace falta mantener un nivel importante de ingresos para sostener los servicios públicos y el gasto en sanidad, educación y políticas sociales.

De hecho, aunque fuera con un eufemismo, la propia Díaz Ayuso ha reconocido la cara B de su modelo fiscal: un gobierno "austero" en el gasto, lo que, traducido a un lenguaje menos amable, supone renunciar a gasto social. Ayuso matizó que hay que pagar impuestos para mantener cierta "burocracia" y gestionar "unos buenos servicios públicos", pero fue tajante: "todo tiene que tener un tope". A su juicio, lo que hacen otros gobiernos autonómicos es hacerse fuertes, ser "reinos de taifas" y exceder sus competencias. Llamó a ser "austeros y liberales".

Basta con recurrir a una tabla de datos que corrió hace unos días como la pólvora en ámbitos sanitarios. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública publicó un ranking del gasto por habitante previsto para este año en las comunidades y, mientras la vasca lo lidera en la primera posición con un gasto que ronda los 1.990 euros, la madrileña es literalmente la última, con 1.301. El conjunto de los Presupuestos madrileños para este año es récord, pero por la inyección de los fondos europeos.

MADRID ELIMINA LOS IMPUESTOS PROPIOS

El Gobierno vasco aboga por unos servicios "de calidad". La comunidad autónoma vasca tiene una amplia capacidad para regular y recaudar impuestos por el Concierto Económico, pero asume también un riesgo unilateral: si sobreviene una crisis económica y cae la recaudación de impuestos, no puede recurrir al fondo de liquidez autonómica que sí está a disposición de comunidades de régimen común como la madrileña.

La presidenta de Madrid ha ahondado en su política fiscal actuando en el estrecho margen que tiene en los últimos meses, rebajando el IRPF y suprimiendo todos los impuestos propios. Lo que le permite salvar los muebles en cierto modo es que, al ser la sede de la capital del Estado, concentra un número muy elevado de empresas multinacionales y eso le permite tener una recaudación de impuestos importante, aunque su fiscalidad sea baja. En cualquier caso, se sitúa a la cola en inversión sanitaria.

Aun así, no renuncia a su modelo fiscal y se prepara para dar la batalla si el Gobierno español persiste en su intención de armonizar ciertos impuestos y evitar su dumping. "Esa batalla la daremos una y mil veces", lanzó. Se enfrenta a las críticas de ERC y de barones socialistas que la acusan de competencia desleal y de provocar que las empresas vayan a Madrid.

EL PNV "COGE GUSTO A LOS IMPUESTOS"

La propia Ayuso consideró que es "falso" que su gobierno practique el dumping fiscal y acusó a quienes lanzan esa crítica de ser "hipócritas", aunque evitó referirse al lehendakari Urkullu. Ella misma admitió la contrapartida de las rebajas de impuestos. Dijo que la fiscalidad es más baja en Madrid porque "se ha recortado el gasto público" y la estrategia se centra en "incentivar y estimular" la economía. Lo contrapuso al modelo del PNV, que "probablemente le haya cogido el gusto a esto de subir impuestos porque es una forma de que la Administración engrose rápidamente las arcas públicas".

"Cada euro que se paga por parte de un autónomo, de un ciudadano y un empresario se ha conseguido a base de mucho esfuerzo y sacrificio, hay que ser absolutamente respetuoso con eso y, en la medida de lo posible, una administración no puede tener una política fiscal confiscatoria", dijo.

Ante los presidentes de Petronor, Aernnova y Mercedes, Ayuso defendió una apuesta que coincide con la que está enarbolando el PP a nivel estatal: la rebaja de impuestos para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania. Los populares han acusado al Gobierno español de practicar el despilfarro, le han pedido que elimine ministerios, y han cuestionado las inversiones en igualdad en esta crisis. Han acusado a Sánchez de "forrarse" con impuestos, mientras Madrid se enfrenta a la dura crítica de la oposición por las privatizaciones sanitarias o el colapso de la atención en pandemia.