La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no acudirá a declarar ante la justicia tras la citación ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid por la admisión a trámite de la demanda de conciliación interpuesta por CCOO por sus declaraciones en las que desacreditó, según considera el sindicato, a los sanitarios de Atención Primaria.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, ha explicado que la presidenta regional "no está obligada" a acudir a la citación, fijada el 29 de abril, al ser una demanda de conciliación.
"Desde punto vista procesal no existe obligación y no tiene que retractarse de nada de lo que dijo", ha subrayado Ossorio, que ha considerado "lícitas" sus afirmaciones.
En una entrevista radiofónica el diciembre pasado, Ayuso anunció que estudiaría "profundamente" qué estaba sucediendo en los centros de salud en Madrid, "porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando, haciendo colas y en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan o de repente no hay médicos".
Por esas declaraciones, CCOO Madrid interpuso una demanda contra Ayuso al considerar que desacreditó a los sanitarios y puso "en entredicho el compromiso y la honestidad de los y las profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad pública en Madrid, y con éstas dañó su reputación y alentó conductas violentas entre usuarios y usuarias".
Según Ossorio, dicha citación no ha sido recibida aún pero cuando se produzca, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid la analizarán, aunque, ha reiterado, la presidenta "no está obligada a comparecer".
"No comparecerá porque este acto solo tiene objeto si se retracta de sus afirmaciones, y como son lícitas y obligadas por un servidor público", ha expresado.
Ossorio ha justificado esas declaraciones en las "quejas" que recibieron por parte de los ciudadanos que consideran que "no se les ha atendido" en los centros de salud, "no en términos sanitarios, sino de atención al ciudadano", porque tuvieron que "esperar de manera indebida", ha precisado.
La obligación del Gobierno regional es "analizar el funcionamiento de los servicios públicos" y en el caso de que haya "fallos", "mejorar".
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