Elecciones 28-M | Ayuso desautoriza el liderazgo de Feijóo con su pulso para ilegalizar a EH Bildu

Los partidos estatales viven estas elecciones locales como si lo que estuviera en juego se encontrara a cientos de kilómetros de sus municipios: su liderazgo interno o las opciones de salir victoriosos en las elecciones generales para hacerse con el Gobierno español. En el caso del PP, ayer mismo quedó de manifiesto el pulso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, con la ilegalización de EH Bildu como telón de fondo. La polémica de las listas con condenados por su relación con ETA se ha desinflado porque los siete que tienen delitos de sangre van a renunciar al acta si la obtienen, pero este debate es un caramelo para el PP y el propio Feijóo lo quiere estirar, tirando del hilo de que el socialista Pedro Sánchez debería levantar un cordón sanitario y comprometerse en público a no sellar ningún tipo de colaboración con EH Bildu tras las elecciones. Pero hasta ahí. La Fiscalía ha descartado que se pueda aplicar la Ley de Partidos para ilegalizar a EH Bildu ahora que ETA ha desaparecido, y Feijóo no va a agitar un agua que ya no mueve molino. El problema radica en que Ayuso desautorizó ayer a su líder e insistió en que al menos habría que "intentarlo", aplicando el artículo 11 de la Ley de Partidos que obligaría a Sánchez a tocar la puerta del Supremo para hacer la consulta si lo piden el Congreso o el Senado. La cúpula del PP, a su vez, volvió a descartarlo.

Ese procedimiento no tendría ningún recorrido porque la Fiscalía ha fijado con claridad que no hay margen para la ilegalización. Sin embargo, esta polémica le da políticamente un argumento a Ayuso para vendérselo al público más duro, al más alineado con Vox, y no entrar en cuestiones más incómodas como la situación de la sanidad. Ayuso, que ya se llevó por delante a Pablo Casado, podría lograr una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid que supondría una amenaza directa para Feijóo. Como resultado de esta pugna, se ha abierto una controversia rocambolesca dentro del PP sobre lo que se puede o no se puede hacer con una ley aprobada por los propios populares durante el Gobierno de José María Aznar, en el año 2002. Y se hace doce años después del cese de ETA. Esta es una propuesta muy minoritaria que da también un protagonismo renovado a Bildu, y desvía el foco hacia el plano legal y no lo centra en el ético y la autocrítica.

La Fiscalía

¿Qué es lo que dice la Fiscalía sobre la posibilidad de ilegalizar a Bildu con la Ley de Partidos? Ayer mismo se hizo público el informe firmado por la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Ana García León, y por el fiscal de lo contencioso-administrativo del propio Tribunal Supremo, Antonio Narváez, donde se llega a la conclusión de que no basta con incluir en las listas electorales a condenados por terrorismo, sino que ese partido debe demostrar que es un peligro con su actividad y los medios que utiliza. A este argumento le añade que no hay indicios de que las personas de las listas quieran volver a utilizar la violencia y que, de todos modos, ETA se ha disuelto ya.

La Fiscalía responde a la petición de la asociación Jucil de la Guardia Civil que, "en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, EH Bildu constituye una formación política democrática". Por ello, rechaza iniciar el procedimiento de ilegalización del artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, "pues no concurren indicios mínimamente racionales". Los fiscales dicen que no se puede aplicar de manera aislada el artículo 9.3 de la ley, que permite ilegalizar a un partido cuando incluya "regularmente" en su dirección o en sus listas a condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente esa violencia, sino que tiene que cumplirse también el artículo 9.2, que "su actividad vulnere los principios democráticos", que legitime la violencia y apoye a organizaciones terroristas. Añade que los 44 candidatos no han mostrado "intención alguna" de volver a usar la violencia y que ETA declaró su cese hace 12 años.

Ayuso y el artículo 11

La presidenta de la Comunidad de Madrid, sin embargo, insiste en abrir el procedimiento con el artículo 11 de la Ley de Partidos. Ese artículo permite iniciar el trámite a la Fiscalía, que ya se ha negado, y al Gobierno, que no lo va a hacer. Pero ese artículo señala que también lo pueden pedir el Congreso y el Senado, en cuyo caso el Gobierno de Sánchez estaría obligado a abrir el trámite aunque no lo compartiera. ¿La apertura de este trámite garantiza que acabe en una ilegalización? No. Ese mismo artículo asegura que lo decidirán los jueces y, en concreto, el Tribunal Supremo. El PP ha consultado a sus expertos, y Feijóo concluye que sería un mero "brindis" al sol.

O bien Ayuso no se fía de la Fiscalía y cree que sigue una directriz política del Gobierno de Sánchez, o bien solo pretende ejercer presión política sobre el PSOE (y el PP) para que se posicione en el Congreso. O también podría simplemente tratar de contrarrestar a Vox, que ha pedido aplicar la Ley de Partidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid insistió ayer en que EH Bildu no es que sea la "heredera de ETA", sino que "es ETA". "Yo creo que se puede revisar y deberíamos intentarlo", dijo en un desayuno de Europa Press.

Feijóo apunta a Sánchez

La dirección del PP volvió a corregir ayer a Ayuso. La secretaria general, Cuca Gamarra, descartó la ilegalización con el argumento de que ya se lo han consultado a su equipo jurídico y no hay margen. Eso sí, trató de trasladarle la patata caliente a Sánchez, a quien le pidió que consulte a la Abogacía para "resolver" al respecto. "Lo que no puede entender la sociedad española es que el Gobierno no pregunte a la Abogacía del Estado y no consulte si se incurre en ese supuesto", dijo.

El PP se ha inclinado por una propuesta en el Congreso para rechazar los acuerdos con partidos que lleven en sus listas a condenados por terrorismo, y ofrece sus votos al PSOE en la comunidad autónoma vasca y en la navarra si no alcanza ningún acuerdo con EH Bildu. Este cordón sanitario no lo aplica, sin embargo, con Vox, y tampoco es coherente con la práctica de este partido en lugares como Gasteiz, donde el exalcalde Javier Maroto pactó con Bildu el Impuesto de Actividades Económicas y algunas actuaciones urbanísticas.

La polémica ha obligado a pronunciarse a buena parte de los cuadros del PP. Incluso al expresidente Rajoy, quien evitó aclarar su posición sobre la iniciativa de Ayuso y prefirió incidir en lo escandaloso que le parece que la gobernabilidad del Estado dependa de Bildu. El portavoz de campaña, Borja Sémper, destacó que "la sociedad española derrotó a la banda terrorista ETA" y, desde Euskadi, Carlos Iturgaiz se alineó con Feijóo y el cordón sanitario, aunque para ello tuvo que volver a negar que haya habido negociaciones en el Parlamento Vasco "con esa patulea de gente".