Ayuso ficha al exsocialista Leguina para su Cámara de Cuentas

Isabel Díaz Ayuso ha propuesto como consejero de la Cámara de Cuentas madrileña al expresidente socialista de la Comunidad Joaquín Leguina para uno de los cuatro puestos a los que tienen derecho. Así lo trasladaron desde el propio partido después de que en 2022 el PSOE suspendiera de militancia al único presidente de la Comunidad perteneciente a su formación política.

Expediente de expulsión

La decisión se produjo a raíz de un expediente de expulsión abierto a él y a Nicolás Redondo Terreros en 2021 al entender el partido que habían pedido el voto para la presidenta autonómica y entonces candidata del PP a la reelección. Tras su suspensión, aseguraba que no recordaba haber dicho que prefería a Ayuso, pero afirmaba que no prefería “a Pedro Sánchez de ninguna manera”, añadiendo que quería que el PSOE “vuelva a sus cauces” apuntando al expresidente del Gobierno Felipe González. En su faceta de comentarista político, principalmente en medios próximos a la derecha, Leguina se comporta desde hace unos años como un ariete contra el actual presidente del Gobierno español.

Además de Leguina, el PP ha puesto sobre la mesa los nombres de Francisco Cabrillo Rodríguez, Carlos Salgado Pérez, Graciela María Soledad García Díaz y Ana Cossío Capdevilla. La composición del Consejo de Transparencia ha cambiado después de que se aprobara la Ley de Simplificación en diciembre del pasado año, que modificaba 15 normas. Así, ha aumentado sus representantes de cinco a siete; junto a los cinco del PP, también se ha propuesto a la economista Verónica López Sabater por Más Madrid y la socialista María Otilia Armiñara.

Isabel Díaz-Ayuso, en el Pleno de la Comunidad de Madrid Javier Lizón

Además de su ampliación, en los cambios de esta ley se incluye que su aprobación ya no necesita ser por dos tercios de la Cámara (89 diputados) sino por tres quintos (81 diputados). El presidente y vicepresidente –que saldrán de los siete propuestos por los grupos– serán elegidos por mayoría absoluta de los consejeros del Consejo y no por la mayoría de dos tercios de la Asamblea.