Ayuso reescribe su gestión de la pandemia

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Isabel Díaz Ayuso lleva una semana desatada. La emisión en RTVE del documental 7291 que desbroza su gestión de la pandemia en las residencias de la Comunidad provocó tal seísmo en la Puerta del Sol que la lideresa se ha pasado días enarbolando su trabajo, atacando al Gobierno de Pedro Sánchez y, lo que es peor -sobre todo para las familias de aquellas víctimas-, tratando de reescribir la historia. Fue su propio Ejecutivo el que en su momento realizó una contabilidad que cifraba en 7.291 los muertos en aquellos centros donde se pusieron en práctica los llamados protocolos de la vergüenza, que impedían a muchos residentes contagiados ser derivados a los hospitales, mientras que ahora Ayuso rebaja ese número a 4.000, acusando a quien entonces era su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, de haberse “inventado” aquella cantidad pese a los documentos publicados.

La presidenta madrileña denunció el “despliegue sin precedentes” de RTVE con la emisión del documental, basado en “una cifra que es mentira” y relacionándolo con la “obsesión sin cuartel” de Sánchez contra ella. Frente a ello, reivindicó la labor de su Gobierno y la del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, frente a un Ejecutivo español que, a su juicio, ha querido “confundir de manera tan asquerosa y lamentable” al mofarse de que en la región “se toman cañas”. “Es asqueroso”, expresó quien patentó el eslogan de la “libertad” en plena crisis sanitaria.

Su airada reacción obligó a salir a la palestra al propio Reyero. “Miente continuamente y se ha sacado una cifra que no sé por qué no la dio hace cinco años”, destacó el exconsejero, explicando de dónde salía el número de los 7.291 muertos. “Los datos que se trasladaron, vía portal de transparencia, son los que nosotros enviábamos diariamente a la consejería de Sanidad, en los que indicábamos los fallecidos en cada una de las residencias, una información que también enviábamos al Ministerio de Sanidad y que también periódicamente mandábamos a la Fiscalía, por lo que ahí no hay ningún invento de ningún de ningún número”, razonó.

Pero Ayuso ha decidido ejercer lo que mejor se le da, el ataque. Lo último ha sido pedir amparo a la Justicia y querellarse contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por afirmar que 7.291 personas mayores fueron “asesinadas” en las residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales. La actual consejera de Sanidad, Fátima Matute, salió en defensa de su presidenta: “La señora Maroto es una sinvergüenza porque hablar de asesinatos en residencias me parece deleznable”. El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, avanzó que rompían las relaciones institucionales con el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento por estas declaraciones de Maroto, que el regidor tachó de “inaceptables, nauseabundas e indecentes”. “Hasta aquí hemos llegado. No podemos permitir que el sanchismo y Maroto sigan haciendo de la política madrileña un auténtico lodazal y sigan retorciendo el dolor de las víctimas”, consideró .

Contra el delegado de Gobierno

Una jornada en la que también el PP de Madrid adelantó que “todos sus representantes rompen relaciones” con el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, “por sus acusaciones” contra el Gobierno de Ayuso, que representan “lo peor de la política y de la condición humana”. “Desde el primer día ha buscado la más absoluta confrontación con insultos. Pero ya cuando pasamos a otros escenarios donde nos acusa abiertamente prácticamente de asesinatos, llega unos límites que son inasumibles. Por eso pienso que es mejor que estas relaciones por el momento no puedan continuar”, declaró la propia Ayuso, acusándole de ser un “comisario de La Moncloa” y anunciando que trasladará a la Justicia “todos los ataques”. “Los hacen desde RTVE, desde la Fiscalía General y desde todos los ministerios”, ahondó en su queja.

En todo este cruce de acusaciones, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, arremetió contra la “ocultación, negación y persecución” que a sus ojos ejerce el Gobierno madrileño contra las familias de los fallecidos: “Ayuso tiene que hacer dos cosas. La primera es pedir perdón y la segunda es abandonar su puesto. Es absolutamente incompatible gobernar con esa falta de empatía con todas esas personas que pasaron por lo que pasaron”.