Donostia – El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, se mostró ayer convencido de que el endeudamiento de Euskadi “en ningún caso se duplicará en los próximos años” y defendió que la CAV es la “menos endeudada” del Estado. El responsable vasco de Economía y Hacienda se refirió, de esta forma, al estudio Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las CC. AA. (2023-2026), hecho público por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el pasado lunes, en el que alertó sobre un posible aumento significativo en la deuda pública de las comunidades autónomas para el año 2026.
En el caso concreto de Euskadi, el informe de Fedea prevé que tenga una variación del entorno de 104 millones de euros de gasto en intereses entre el año 2022 y el 2026. En un mensaje difundido en redes sociales, Azpiazu recordó que “gran parte de la deuda” del Gobierno Vasco se ha emitido a tipo fijo. “Esto significa que el incremento de los tipos de interés nos afecta mucho menos”, apuntó. Además, aseguró que el endeudamiento del Ejecutivo vasco “dista mucho de las cifras dadas” por el informe de Fedea. Por ello, aseguró que el coste del nuestro endeudamiento de Euskadi “en ningún caso se duplicará en los próximos años” y subrayó que se trata de “la comunidad autónoma menos endeudada del Estado”.
En su informe, Fedea señala que Euskadi aumentará un 63,41% el gasto en el pago de intereses de su deuda hasta 2026 debido al encarecimiento de los tipos de interés. Este organismo prevé que el conjunto de las comunidades autónomas verá duplicado hasta ese año el gasto en intereses, por lo que les aconseja “calibrar con mucha prudencia” posibles reducciones de impuestos e incrementos de gastos.
Según el estudio, Euskadi sería es la tercera comunidad con un menor incremento del porcentaje, solo por detrás de Madrid (45,07%) y Navarra (48,39%). En términos absolutos, mientras que la CAV tuvo que pagar por intereses de su deuda 164 millones de euros en 2022, para 2026 esta cifra aumentará a 268. En su análisis, Fedea explica que el supuesto básico de su evaluación es que las comunidades deberán renovar en los próximos meses y años la deuda que emitieron a tipos de interés reducidos, enfrentándose ahora a unos tipos superiores.
De esta forma, solo con que emitiesen deuda para satisfacer los vencimientos de la que ya tienen actualmente en circulación, su gasto en intereses se elevaría desde los 3.608 millones de euros de 2022 hasta los 8.659 millones en 2026. Esto significaría multiplicar por 2,4 los recursos dedicados actualmente a satisfacer los gastos financieros de la deuda pública autonómica, por lo que la fundación entiende que las comunidades “deben calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar”.
Además, “como todas las administraciones –señala–, las autonomías han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, puede dañar la sostenibilidad de sus finanzas”. Por comunidades, los mayores incrementos en esta estimación corresponderían a Catalunya (1.383 millones de euros), la Comunidad Valenciana (985), Andalucía (633) y Madrid (343).
En porcentaje, La Rioja se situaría a la cabeza, con un 580% más (al pasar de solo 5 millones en 2022 a 34, también la cifra más baja, en 2026), seguida de la Comunidad Valenciana (272,85%), Castilla-La Mancha (264,71%), Murcia (232,98%), Canarias (230,61 %) y Galicia (200%), mientras que muy por debajo de la media (139,94%) quedarían Madrid (45,07% más), Nafarroa (48,39%) y Euskadi (63,41%).
Para abordar esta estimación, la entidad de la que son patronos el Banco de España y grandes bancos y empresas del Ibex 35 ha tomado como referencia las previsiones de crecimiento del PIB nominal y los objetivos de referencia para el déficit público de las comunidades autónomas.