El Gobierno vasco es consciente de que hay que tomar medidas contra la inflación y, por ello, no quiere ir al choque con Pedro Sánchez por la batería de actuaciones que ha anunciado, y se decanta por una crítica constructiva. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha aprovechado este lunes su presencia en la conferencia sectorial con otras comunidades autónomas y con la ministra Nadia Calviño para recordar que Euskadi tiene su propio autogobierno singular y haciendas propias en virtud del Concierto Económico, de manera que la presentación de las medidas del Gobierno español debería haberse guiado por la cooperación institucional para garantizar una aplicación ágil. Se refiere en general a todas las medidas que tienen un aterrizaje competencial, como el descuento en el transporte público, pero sobre todo aflora un problema operativo con el nuevo o los nuevos impuestos que quiere activar el Estado para gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas y los bancos.
Son impuestos que, en el caso de ser nuevos, tendrá que concertar Euskadi para recaudarlos desde las diputaciones, o bien hacer variaciones en impuestos propios que ya existen. Teniendo en cuenta que el Estado quiere que entren en vigor el 1 de enero de 2023 y que aún deben presentarse y tramitarse en el Congreso, queda muy poco margen de tiempo para concertarlos con las haciendas vascas, porque es un trabajo que requiere hilar fino y meses de negociación. Azpiazu no ha llegado a hacer una crítica sobre el fondo de estos impuestos, que aún se desconocen. Cómo se llegaría a tiempo para que Euskadi los recaude el 1 de enero es un misterio.
Mayor colaboración
Azpiazu puso sobre la mesa el riesgo que supone el anuncio de medidas por parte del Estado y que las comunidades tengan conocimiento de ellas por los medios de comunicación. Pidió “un mayor grado de colaboración para que el efecto de las medidas aterrice cuanto antes en la sociedad”. Además, avisó de que los gobiernos autonómicos no son “ventanillas del central”, y que esta constatación queda aún más clara si cabe en el caso de Euskadi, porque cuenta con un Concierto Económico además de un Estatuto de Autonomía. Consideró que tomar medidas es imprescindible, pero hizo un llamamiento a la coordinación y colaboración interinstitucional para aplicar los planes de manera ágil y eficiente.
El consejero participó en la Conferencia Sectorial para la mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, donde se abordaron las medidas del Gobierno español para combatir la guerra, y la adenda del Plan de Recuperación para solicitar los préstamos de 85.000 millones de los fondos europeos. Además, Calviño y Azpiazu mantuvieron una breve y “productiva” reunión, según la ministra. Este asunto es clave para el PNV, que había exigido claridad. Para el Gobierno vasco es importante participar en el plan de los fondos, porque son préstamos y, si tiene que pedir dinero prestado y devolverlo, no va a hacerlo por proyectos que no comparte. Además, los suyos están en línea con las tres transiciones de la Unión Europea. El segundo semestre será clave y, de momento, la música comienza a sonar mejor a los oídos vascos.
En la reunión, Calviño dejó la puerta semiabierta a la participación de las comunidades por dos vías, aunque habrá que ver cómo se concretan. Enviará una carta a los presidentes autonómicos para que realicen aportaciones a la adenda con herramientas de financiación y proyectos financiables, una cuestión en la que trabaja el Gobierno vasco con el Instituto Vasco de Finanzas. Calviño no concretó, eso sí, los detalles de regulación y gobernanza de los fondos. Y, además, abre la puerta a que sus proyectos puedan entrar en el fondo Retech para iniciativas tecnológicas, con los 7.800 millones adicionales de subvención para el Estado. En estos proyectos tecnológicos podría tener encaje Euskadi, y son una vía de entrada a las propuestas vascas que no se cubren con los Pertes estatales. En septiembre se lanzan convocatorias, en octubre se analizarán las propuestas, y en noviembre o diciembre se resolverá.
En cuanto a la adenda, la modificación del Plan de Recuperación para acceder a los 85.000 millones en préstamos del MRR, Azpiazu apostó por tener en cuenta la realidad diferente en cada comunidad, con el argumento de que es cada territorio quien conoce mejor su tejido y sus necesidades y fortalezas. La adenda se presentará en el segundo semestre. Azpiazu pidió concreción sobre el “fondo regional” que anuncia Calviño y planteó que sea útil para encajar los Pertes (proyectos estratégicos) regionales. Se plantea que los fondos del MRR cubran los Pertes regionales.
El consejero llamó la atención sobre otro dato. Recordó que el desembolso de estos recursos se realizará en el transcurso de seis años, y los estados tendrán que devolverlo hasta 2058. “Sí quisiera dejar constancia de que esta herramienta en ningún caso podrá sustituir nuestra capacidad de endeudamiento”, aclaró.
Calviño y la "velocidad de crucero"
Frente a las quejas sobre la lentitud en la implementación, Calviño, por su parte, sostuvo que se ha confirmado la “aceleración” del ritmo de inversiones y reformas, y que el Estado está liderando el ritmo de implementación en Europa. “Ya se está alcanzando la velocidad de crucero. La Administración del Estado ha autorizado inversiones por el 53% del crédito presupuestado, los compromisos rozan el 34%, y las obligaciones ya reconocidas están en el entorno del 23%. Con un ritmo mensual de convocatorias superior a los 2.000 millones de euros”, dijo.