Azpiazu se abre a dialogar dentro de sus competencias pero los grupos suben el listón

Antes de que comenzara la negociación de los presupuestos vascos, sobrevolaba la idea de que la cercanía de las elecciones municipales y forales podría dificultar el acuerdo. Ayer, tras la primera reunión del consejero Pedro Azpiazu con todos los grupos de la oposición salvo Vox, nadie se bajó del tren ni hubo líneas rojas, y habrá una segunda reunión con todos ellos. Pero este buen tono no oculta las dificultades de fondo, que son muchas. Se puede constatar ya que los posibles apoyos se encarecen y el listón ha subido, también por parte de EH Bildu, con quien fue posible acordar las cuentas de 2022 y ahora eleva su precio hasta los 450 millones. Elkarrekin Podemos-IU pide 511, con una cifra y algunas propuestas que ya fueron rechazadas el año pasado al considerarlas poco viables, y el PP+C’s volvió a quedarse más descolgado al no cuantificar siquiera sus medidas, en una tónica similar a la del año pasado, cuando no presentó ningún documento.

En una nota, Azpiazu sí reconoció el nivel de detalle de las propuestas de EH Bildu y Podemos-IU, aunque deslizó que incluyen compromisos políticos. En los tres casos, han pedido cambios o reformas fiscales que el Gobierno Vasco lleva días asegurando que superan su marco competencial porque corresponde a las Juntas Generales. A pesar de todo, el consejero cerró esta primera ronda con el anuncio de que volverá a llamar a EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+C’s a una segunda reunión. No se ha roto la baraja con nadie y está por ver si esas propuestas son solo un punto de partida sobre el que se pueda hablar. El Ejecutivo quiere realizar un esfuerzo para ensanchar sus apoyos aunque no necesite más votos porque PNV y PSE tienen una mayoría absoluta más que suficiente. Lo que sí quiso dejar claro Azpiazu es que la negociación debe producirse dentro del marco presupuestario y competencial.

EH Bildu ha subido el listón con respecto a sus planteamientos del año pasado, donde sí fue posible el acuerdo a cambio de su abstención. En cuanto a la cifra pura y dura, aspira a influir en 450 millones, una cifra muy superior a los 253 que acordó para las cuentas de 2022. Es cierto que el proyecto de este año moviliza más recursos, con 14.250,7 millones pero, si se realiza una comparativa con el acuerdo que acaba de firmar en Nafarroa, en ese caso ha influido en un 0,26% de los Presupuestos mientras que en la comunidad autónoma vasca aspira a algo más del 3%.

EH Bildu ha puesto sobre la mesa algunas de sus principales banderas políticas, plantea medidas que regalan los oídos de la ciudadanía con mensajes de gratuidad y nuevas prestaciones, y algunas medidas están tomadas del Pacto de Bienestar que presentó recientemente, como la referida al transporte gratis para los menores de 12 años, los estudiantes, los perceptores de la RGI y los desempleados, donde propone destinar 40 millones.

CUMPLIMIENTO

Su propuesta, titulada Tiempo de respuestas estructurales a problemas estructurales, comienza además insistiendo en que el Gobierno ha incumplido algunos compromisos del anterior pacto, y ahora los recupera con una reformulación para ir un poco más allá. Se ve con claridad en la limitación de los precios de los alquileres privados, donde no solo apuesta por ponerlo en marcha “cuando la futura normativa estatal lo permita”, sino que añade que, si la ley estatal no abre esa posibilidad, “en el plazo de seis meses, el Gobierno Vasco se compromete a regular los precios del alquiler privado en el ejercicio de sus propias competencias”. La ley estatal está bloqueada y el Gobierno de Sánchez acaba de tumbar unas enmiendas de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu sobre la Ley de Vivienda en la negociación presupuestaria española. Sobre el salario mínimo propio, pide al Gobierno Vasco que lo defienda “públicamente” en los foros del diálogo social.

Azpiazu le respondió que ha cumplido al 100% y, por ejemplo, citó que en octubre, en el Parlamento, PNV y PSE votaron a favor de instar al Gobierno a seguir manteniendo el apoyo al diálogo social. El consejero ha recogido la propuesta de EH Bildu y se ha comprometido a “analizarla y plantear una alternativa en función de la capacidad presupuestaria y competencial”.

Eso sí, en cuanto a la fiscalidad, EH Bildu evita presionar con medidas concretas y se limita a pedir que se abra el melón junto a agentes, partidos e instituciones, y que se acuerden la metodología, los participantes y los plazos. La portavoz Maddalen Iriarte, quien acudió en compañía de Nerea Kortajarena y Mikel Otero, dijo que el consejero ha reconocido que el debate fiscal está pendiente pero que “no es el momento” porque lo que se negocia son unos presupuestos. Iriarte no lo vio incompatible y volvió a recurrir al precedente de la negociación con el PP. En esa época, el Gobierno carecía de mayoría absoluta.

MÉDICOS

Con el problema de la falta de médicos como telón de fondo, propone aprobar en el Parlamento Vasco en 2023 una proposición de ley para recibir la transferencia de las competencias de formación de residentes en todas las especialidades sanitarias, como la medicina interna residente (MIR), con la idea de que se envíe después al Congreso de los Diputados emulando el recorrido para crear el fondo para víctimas del amianto. Pide iniciar los trabajos para publificar la OSI de Emergencias, y consensuar la ley para fijar ratios de número de profesionales en todas las categorías de Osakidetza.

Reclama ampliar la prestación de 200 euros por hijo hasta los 18 años (el límite actual se sitúa en los tres años) y pide abordar un nuevo sistema de prestaciones universal (22 millones en total), destinar 33 millones a mantener la inversión en la RGI y tres millones para un programa piloto de renta básica de emancipación para jóvenes entre 18 y 23 años, entre otras medidas. La partida más alta son los 100 millones para ampliar el fondo Finkatuz y garantizar el arraigo de las empresas en Euskadi.

“Que Galán pague”

Elkarrekin Podemos-IU ha incidido en aspectos que llevaron a la ruptura el año pasado. Azpiazu ha vuelto a trasladarle otra vez que excede lo “viable económicamente”. Plantea 511 millones (500 el año pasado), un nivel de exigencia que contrasta con el peso real de este grupo en el Parlamento, donde tiene 6 escaños de un total de 75 y, además, está negociando con un Gobierno con mayoría absoluta. Para más señas, buena parte del monto, 100 millones, insiste en crear una empresa pública de energías renovables, una de las razones por las cuales se rompió el diálogo en las cuentas de 2022.

Destaca la “publificación consensuada de determinados centros en aquellos municipios en los que no exista oferta educativa pública” para cumplir el acuerdo de las bases educativas. Plantea también crear una unidad administrativa para hacer auditorías sobre los conciertos y el gasto público, entre otras cuestiones. En materia sanitaria, plantea movilizar hasta 170 millones de euros con actuaciones como reducir las listas de espera para especialistas e intervenciones, reducir la interinidad en atención primaria, conseguir que la atención bucodental sea pública y ampliar las infraestructuras sanitarias.

En la fiscalidad, el grupo de Miren Gorrotxategi, David Soto y Jon Hernández pide una reforma que deflacte solo los tramos bajos para el año que viene y una deducción adicional de 600 euros hasta las rentas de 30.000 euros, que se reducirá hasta los que perciban 36.000. Reclama que las liquidaciones inferiores a 12.500 euros pasen a gravarse con un 18% y no un 23%. Con la proclama política “haciendo que Galán pague”, propone aumentar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y crear una herencia máxima de 12 millones, así como “igualar” el Impuesto de Sociedades al del territorio común, un 25%.

Azpiazu trasladó que este grupo es consciente de que algunas medidas las propuso el año pasado y la cifra que plantea “supera lo viable”, pero es “un punto de partida” para hablar.