El Gobierno vasco quiere que haya partido, pero también quiere dejar claro cuál es el terreno de juego. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, afronta la segunda ronda de contactos con los partidos con la tranquilidad que supone tener una mayoría absoluta más que suficiente para conseguir que el Parlamento le apruebe los Presupuestos el 23 de diciembre. No obstante, acude también dispuesto a ensanchar el consenso y llevará papeles bajo el brazo, pero lo hará dentro de los límites económicos y competenciales del Gobierno vasco. Tras haber estudiado los documentos que le plantearon los grupos la semana pasada, ultima ya una contraoferta. No se conocen los detalles por cortesía hacia la oposición, pero pretende adaptar sus propuestas al marco económico y competencial del Gobierno vasco. Con este ejercicio, lanza el mensaje de que se toma la molestia de buscar una aproximación y no dar simple y llanamente un portazo, aunque ya se admite que el acuerdo no parece fácil. Tras las reuniones que tendrán lugar el miércoles, se verá si hay margen con algún grupo.
A juzgar por las declaraciones públicas del Ejecutivo, estas alusiones parecen ir dirigidas a los aproximadamente 500 millones que le exigen EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, y también enfrían el debate fiscal que alientan los tres grupos, incluido PP+C’s. Un debate que el Gobierno cree que debería abordarse, si acaso, después de las elecciones municipales y forales de mayo, y no ahora ni por parte del Ejecutivo.
La razón radica en que las Juntas Generales son las que tienen la competencia, pero van a entrar en periodo inhábil en breve por las elecciones y no quedará margen para tramitar reformas. EH Bildu no exige cambios fiscales concretos, sino que se limita a pedir que se abra el melón a través de una reflexión con agentes, partidos e instituciones, pero este modelo asambleario se aleja del reparto competencial al uso.
Con vistas a las reuniones con los tres grupos que tendrán lugar el miércoles, Azpiazu lanza el mensaje de que quiere acordar, pero también apela al realismo y este lunes ha admitido con claridad lo que parece un secreto a voces: “no es fácil” que haya acuerdo a juzgar por las propuestas que tiene encima de la mesa. Azpiazu dejó caer esta sensación en una entrevista concedida a Onda Vasca, donde rechazó abrir el melón fiscal y también pidió realismo con las cifras, porque no se producirán éxodos masivos de partidas de 200 millones de un capítulo a otro que desplacen el eje de las prioridades. Azpiazu prepara su contraoferta para “hacer esas propuestas razonables y viables en el contexto presupuestario”.
El 1 de enero, la entrada en vigor
El Ejecutivo suspira por encontrarse en la mesa negociadora a una EH Bildu tan posibilista como sucedió el año pasado, cuando pudieron acordar las Cuentas por un valor de 253 millones; o como sucede con esta coalición en Nafarroa y en el Estado. El viernes, el lehendakari recordó a Podemos que apoyó un Presupuesto vasco inferior la pasada legislatura.
Lo que hará el consejero de Hacienda es presentar una “contraoferta” que trata de ajustar las exigencias de los grupos a unos parámetros más factibles para el Gobierno vasco, que pretende realizar un ejercicio de clarificación con este documento. Además, el Gobierno recuerda que tiene mayoría absoluta y que no sería un fracaso no alcanzar un acuerdo, porque de todos modos las Cuentas se aprobarán y entrarán en vigor el 1 de enero sin que se produzca ninguna ruptura en la continuidad de la gestión administrativa.
Dificultades en la negociación
Azpiazu dijo que está “todo abierto” y que está elaborando una propuesta alternativa. No obstante, admitió que, tras las reuniones de la semana pasada, se quedó con la “impresión de que no es fácil”, aunque dijo entenderlo porque los grupos querrán plantear cambios que les parezcan importantes. El consejero se mostró comprensivo con esa actitud, pero son planteamientos “difícilmente aceptables” porque, o bien “corresponden a otros ámbitos”, o tienen unas “cuantías” difíciles de aceptar. Matizó que los grupos le han hecho llegar una primera oferta, y habrá que ver ahora si hay un terreno intermedio.
Cuando se le preguntó si es posible abordar una reforma fiscal, zanjó que “no”. Por un lado, cree que “no es momento de bajar impuestos, pero tampoco de subirlos” por esta incertidumbre económica. Por otro lado, añadió como matiz que habrá que ver “qué hay que hacer después”, porque en mayo están previstas unas elecciones forales y las Juntas van a estar inhabilitadas a efectos de cambios fiscales, según dijo. “Cuando se confirmen las nuevas diputaciones”, se podría abordar el debate “con calma pero sin pausa”. Azpiazu abogó además por no colocar hitos sobre la mesa que retrasen estos Presupuestos, que deberían estar en marcha el 1 de enero para que no se produzca “un salto en el funcionamiento de la administración”.
Preguntado por si supondría un fracaso no lograr un acuerdo con la oposición, lo negó, porque el Gobierno cuenta con mayoría absoluta. “En una situación de incertidumbre, es bueno un apoyo más amplio. Es bueno porque lanzaría a la ciudadanía un mensaje de colaboración. Pero, en todo caso, si no es posible, tendremos unos Presupuestos que respondan a las necesidades de la ciudadanía”, dijo.