Pendientes de la decisión de las bases de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que hoy se manifestarán sobre el acuerdo de su partido con los socialistas catalanes para investir a Salvador Illa como presidente del Govern, el frente interno en el PSOE parece lejos de apaciguarse.
Los líderes autonómicos del PSOE en Extremadura y Asturias se añadían ayer jueves al cuestionamiento del acuerdo que ya cosechó la oposición radical del secretario general aragonés –Javier Lambán– y el presidente de Castilla-La Mancha –Emiliano García-Page– nada más conocerse, que el pacto incluye un sistema de financiación de Catalunya que contempla la recaudación íntegra de impuestos que se liquidarán después al Estado en función de parámetros no concretados.
Ayer jueves, el Gobierno de Asturias, a través de su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez (PSOE) lo consideró “la ruptura total del principio de solidaridad” y se opuso frontalmente porque consideró que el modelo “perjudicaría notablemente a las comunidades autónomas con menor capacidad fiscal”.
En la misma línea, el secretario general de los socialistas de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, reclamaba que “la llave de la caja la tiene que tener siempre el Estado” y reclamaba públicamente que Pedro Sánchez convoque un Consejo de Política Federal del PSOE, en el que participen todos los secretarios generales autonómicos y en el que se explique y defina una postura compartida sobre financiación autonómica más allá del respaldo al acuerdo que ya ha expresado la Ejecutiva nacional del partido. La petición expresada desde Extremadura contaría con el respaldo de, al menos, los secretarios generales socialistas de Castilla-La Mancha y Aragón, que no son otros que el propio García-Page y Lambán, respectivamente.
Aunque ninguno de los responsables territoriales que ayer se pronunciaron lo hicieron con la virulencia de Lambán y García-Page, sí proyectan una contestación interna al acuerdo que la Ejecutiva socialista, con su respaldo inmediato, quería evitar pero que se traslada ahora a los ámbitos autonómicos.
Falta de explicaciones
Aunque no faltaron ayer voces dentro del PSOE que también respaldaron el pacto con ERC. Así lo hicieron los delegados del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y en Madrid, Francisco Martín, quien reprochó las críticas procedentes del PP de quienes, dijo en alusión a la presidenta de su Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso, ”eliminan impuestos a los ricos, desfinancian los servicios básicos y luego solicitan fondos al Estado”.
Más allá de las críticas más frontales agrupadas en torno a los barones que se han mostrado habitualmente críticos con Pedro Sánchez, la queja interna que rueda entre las estructuras socialistas es la ausencia de explicaciones previas y la falta de información del proceso de negociación para investir a Illa y sus implicaciones para la financiación del resto de las comunidades.
El secretario general del PSOE de Extremadura admitía ayer mismo que el partido no ha remitido aún a las federaciones territoriales ningún documento oficial sobre el acuerdo de financiación para Cataluña, lo que favorece que se agite una marea de malestar en las ejecutivas territoriales socialistas.
Este hecho está siendo aprovechado por los gobiernos autonómicos y las organizaciones territoriales del PP para presionar a las delegaciones socialistas reclamándoles que expresen públicamente su rechazo o que expliquen a los ciudadanos de sus comunidades cómo les va a afectar lo que consideran ruptura de la solidaridad. Así se manifestaron durante el día de ayer diferentes voces de los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Murcia, Galicia o Castilla y León, llamando a la rebelión de los diputados socialistas para que se opongan en el Parlamento español a aprobar el acuerdo.
Mayoría en cuestión
Además de la contestación interna por parte de los barones socialistas que temen por su posición en sus autonomías, lo cierto es que las reformas legales que exigirá el acuerdo sobre financiación de Catalunya y el resto de aspectos del pacto para investir a Salvador Illa está aún lejos de tener garantizada la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados.
Parte de la izquierda federal (Podemos e IU) se ha manifestado ya en contra y han hecho suyo el discurso de insolidaridad que agita el Partido Popular. Si a esto se añade el hecho de que Junts no ha asegurado su apoyo y su primera valoración del acuerdo ha sido negativa, no hay garantía de alcanzar la mayoría de 176 votos que se necesitará en la Cámara Baja para aprobar las reformas en primera instancia y superar el veto garantizado por la mayoría de la derecha en el Senado.
Pero antes, los 8.000 militantes de ERC que someten hoy el acuerdo a su primera criba respondiendo a la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y demás medidas acordadas?”