¿Basta una carta de arrepentimiento para obtener permisos penitenciarios?

César Román, 'el Rey del Cachopo', condenado por el homicidio de Heidi Paz, ha reconocido el crimen en una carta. También Albert López, en la cárcel por el llamado 'crimen de la Guardia Urbana', ha confesado. Pero, ¿basta un mero arrepentimiento para obtener permisos penitenciarios? La respuesta es no.

Así lo han asegurado jueces, criminólogos y expertos en política penitenciaria consultados por EFE después de que esta semana se haya sabido que ambos presos, que en sus respectivos juicios nunca reconocieron la autoría, lo hayan hecho ahora en prisión.

'El Rey del Cachopo' lo ha plasmado en una carta a la Audiencia Provincial de Madrid, el tribunal que le condenó a 15 años de prisión, donde, tras una "profunda e íntima reflexión", admite el delito cometido y expresa su "total y sincero arrepentimiento".

Albert López, que era guardia urbano de Barcelona en el momento de los hechos, fue condenado a 20 años de cárcel por asesinar junto a su compañera Rosa Peral a la pareja de esta, Pedro R., también agente del cuerpo, en un triángulo amoroso. El preso ha admitido el crimen y sigue un tratamiento individual de reinserción.

Un arrepentimiento activo

Arrepentirse y confesar puede ayudar a conseguir permisos penitenciarios, pero no basta. Y es que, tal y como han recordado las fuentes, el arrepentimiento del reo tiene que ser "activo".

O lo que es lo mismo, tiene que ir acompañado de otras acciones por parte del preso, como la voluntad real de resarcir el daño causado -por ejemplo, hacer frente a la responsabilidad civil-, someterse a algún programa de tratamiento dentro de la cárcel (como lo está haciendo Albert López), tener buen comportamiento, etcétera.

Salvo que la sentencia deje claro que el condenado no podrá acceder a permisos (hay pocos casos, pero los hay), una condición indispensable para disfrutarlos es que el reo haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, lo que en los dos casos citados ya ha ocurrido.

Y desde luego que el recluso esté clasificado en segundo o tercer grado penitenciario y que haya un informe preceptivo del Equipo Técnico de la prisión que, en cualquier caso, no es vinculante.

Aun cumpliendo esos requisitos objetivos, hay otros de carácter subjetivo que pueden determinar la denegación de esas salidas, como que sea probable un quebrantamiento de la condena o que sea previsible que cometa nuevos delitos.

Finalmente, será la Junta de Tratamiento de la cárcel quien tome la decisión.

La legislación penitenciaria establece un total de 36 días al año de permiso para los clasificados en segundo grado y de 48 para los de tercer grado. Cada permiso tiene que tener una duración máxima de 7 días.

¿Y si no se arrepiente?

En general, dicen las fuentes, no suele trascender a la opinión pública -como sí ha ocurrido en estos dos casos- el arrepentimiento o confesión de los presos, porque suelen hacerlo dentro del ámbito penitenciario.

Un juez, con 40 años de profesión y 20 de ellos ejerciendo en una Audiencia Provincial, subraya a EFE que nunca le ha llegado una carta similar a la de 'el Rey del Cachopo' o mensaje alguno de esa índole.

Recalca que puede haber algún caso -los menos- en el que el preso intente lavar su imagen haciéndolo público, e insiste en que el arrepentimiento o la confesión una vez condenado ya no influye para nada en la pena impuesta. "No hay rebaja ninguna".

No se sabe si en el caso de los condenados a prisión permanente revisable esa confesión ya en la cárcel podría repercutir cuando a los 25 años de cumplimiento se revise la pena.

Esta máxima pena se introdujo en el Código Penal en 2015 y, por tanto, ningún condenado a ella ha cumplido ese cuarto de siglo en prisión.

¿Y si un preso no se arrepiente? Hay quien no confiesa ni admite el delito convencido de su inocencia. Prefiere renunciar a permisos antes de "traicionarse a sí mismo", subraya una de las fuentes consultadas.

Esta fuente cita el caso de un hombre condenado por abusos sexuales al que su abogada no logra convencer de que reconozca el delito para así poder abrir la puerta a la obtención de permisos. Cuestión de principios.