Beneficio privado, riesgo público: la caída del modelo que amparó el circuito o Sendaviva

Hace dos meses la noticia sorprendió a todos: el Gobierno de Navarra iba a vender el circuito de Los Arcos. A un grupo británico, por la décima parte de lo que costó y tras quince años en los que el proyecto nunca terminó de arrancar.

La operación arroja un saldo: más de 60 millones en pérdidas. Ahora, el Ejecutivo foral asegura que quiere revisar el proyecto de Sendaviva, que desde 2003 se ha llevado 78 millones en préstamos que el Gobierno asume que serán irrecuperables.

Ambas iniciativas son parte de una forma de concebir los proyectos, de un modelo, que con UPN alcanzó el cénit: ideas nacidas en empresas privadas o promotores que seducen al Gobierno, que impulsa sociedades de colaboración público-privada para acometer las obras. Todo es muy bonito si va bien.

Pero, cuando llegan mal dadas, es la Hacienda Foral la que asume las pérdidas. Un modelo con mucha letra pequeña y que sigue teniendo predicamento en varias corrientes políticas –a izquierda y a derecha–, pero cuyos efectos para lo público se pueden ver en el balance: el circuito y el parque acumulan alrededor de 130 millones en pérdidas.

El grueso de esas pérdidas se lo lleva el parque. Esta semana, la consejera Rebeca Esnaola anunciaba la puesta en marcha de una “reflexión completa y participada en torno al futuro del parque” sin cerrarse “a nada”. Es normal porque desde 2003 el Gobierno de Navarra ha puesto más de 78 millones en préstamos.

A partir de ahora, esos préstamos serán subvenciones directas. Y es dinero que va a ser muy difícil recuperar. El caso de Sendaviva es especialmente doloroso, porque la idea es loable y al parque se le tiene mucho cariño en Navarra y especialmente en la Ribera, donde da trabajo y dinamismo a una zona que lo necesita más que otras.

Pero la lógica de funcionamiento del parque está contaminada por ese modelo de UPN: el 55% de la sociedad que alumbró el parque sigue en manos privadas, que no aportan financiación desde 2005, cuando empezó a verse que las previsiones de visitantes y rendimientos económicos eran demasiado optimistas. Entonces esos socios deciden no poner más dinero y se queda la parte más pequeña, la Administración, que asume con el dinero de todos un proyecto incompleto.

Idea privada, dinero público

Es algo parecido a lo que pasó en el circuito de Los Arcos. En ese caso fue la constructora Samaniego la que sedujo al Gobierno de Navarra para poner en marcha un proyecto rompedor: construir un circuito. Al principio, de andar por casa. Pero con el paso de las semanas se convirtió en un megaproyecto con pretensiones de colarse en el circuito internacional del motor.

La idea no tuvo éxito y ha sido el Gobierno de Navarra el que ha asumido el coste de la construcción y la deuda. El circuito ha tenido toda la actividad posible y ha acogido hasta carreras a pie, más allá de que los pocos rendimientos que generó se fueron sobre todo a La Rioja. La infraestructura nunca ha calado ni se ha convertido en referencia de nada. Ahora, el Ejecutivo la ha vendido por una cifra que lo justo le da para cancelar la deuda. El total de pérdidas es de alrededor de 60 millones de euros.

Recopilando: más de 130 millones de euros. Pero las pérdidas son más que un apunte contable que al final se diluye en un mar de presupuesto público. Ejemplifican los riesgos de una forma de hacer viciada –beneficios privados, riesgos públicos– y que juega con las expectativas de los habitantes de esas zonas, generalmente territorios que no tienen la pujanza económica de otras zonas como puede ser Pamplona y su cuenca.

De alguna manera, esa forma de funcionar sigue viva en muchas iniciativas y también forma parte del ADN de algunas empresas y organizaciones, que siguen pensando que el dinero público es una carta mágica para usar en caso de rescate.

Algo de esa actitud hay en las recientes declaraciones del presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, que el jueves dijo, ante Antonio Garamendi –presidente de la CEOE– que la CEN no pagará “errores ajenos” en el episodio de compra de mascarillas en plena pandemia. Una forma de alejarse de una operación que ha salido mal, pero en la que no se puede negar que participaron