Bengoetxea rechaza el “catastrofismo” pese a las sentencias sobre el euskera

La consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, aseguró ayer que las sentencias contrarias a diversas medidas en materia de normalización del uso del euskera “no destruyen ni enervan” las bases de la política lingüística del Gobierno vasco. Además, pese a reconocer que “queda mucho” por avanzar en materia de extensión del uso de la lengua vasca, ha rechazado que existan motivos para el “catastrofismo”.

Bengoetxea respondió de esta manera en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una interpelación del grupo de EH Bildu respecto a sus planes para responder a las sentencias judiciales que, en los últimos meses, han suspendido diversas normas o requerimientos de promoción del euskera aprobadas por diferentes instituciones de Euskadi.

En su interpelación, el parlamentario Josu Aztiria defendió la necesidad de “dar una respuesta” a las sentencias “contrarias a las políticas lingüísticas igualitarias”, y en este sentido mostró la “disposición” de su grupo para colaborar con el Gobierno vasco en la articulación de una nueva “estructura jurídica” para hacer frente a “la erosión sistemática” que, según ha dicho, sufren las políticas para la normalización del uso del euskera. En su respuesta, la ¨vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística reiteró su apuesta por incrementar el uso social de la lengua vasca y por “sacar el euskera del conflicto”. En este contexto, Ibone Bengoetxea explicó que en los últimos años se han dictado “en torno a once” sentencias que afectan a las políticas de promoción del euskera, y que aunque “la mayoría” de ellas “son incómodas y a veces incomprensibles”, no ponen “en duda” el proceso de normalización y “no destruyen ni enervan las bases de nuestra política lingüística”.

Además, y pese a estas resoluciones judiciales, la consejera señaló que el Ejecutivo vasco “seguirá trabajando firmemente para que el euskera sea lengua de servicio y de trabajo en la Administración”.

“Derechos y obligaciones”

Tras recordar que tanto el euskera como el castellano son lenguas oficiales en Euskadi, ha destacado que las administraciones públicas tienen la “obligación” de garantizar el derecho de los ciudadanos a comunicarse con ellas en cualquiera de ambos idiomas. “La ley reconoce derechos lingüísticos a la ciudadanía e impone obligaciones”, señaló.

Ibone Bengoetxea también informó de que cuando un ciudadano habla en euskera, en un 80,5% de los casos la Administración le responde en ese mismo idioma, por lo que “todavía queda un 19,5% de casos en los que no somos capaces de garantizar plenamente los derechos lingüísticos de la ciudadanía”. Asimismo, indicó que el 42% de la población usa el euskera en la Administración; y que además la mitad de las conversaciones entre trabajadores públicos son en euskera.

En este sentido, y aunque reconoció que “queda mucho que mejorar”, la consejera de Política Lingüística consideró que no existen motivos para caer en el “catastrofismo”.