Y hoy mismo, el concejal de Vivienda se reunirá con una persona de edad avanzada para informarle de la ley que grava con 10 euros por metros cuadrado los pisos sin actividad durante dos años, como es el caso. Con anterioridad, el equipo del Área encabezada por Jon Bilbao ha hecho lo mismo con una veintena de ciudadanos. Y, como anunció el propio edil, "a ninguno le ha parecido algo terrible".
Los planes que maneja el Ayuntamiento de Bilbao pasan por trasladar a todos y cada uno de los propietarios de las 2.122 viviendas que en la actualidad cumplen ese perfil y son susceptibles de ser movilizadas cuáles son las consecuencias de tener un piso desocupado, sin sacarlo al mercado libre o poniéndolo en manos de la Administración pública a través de Bizigune o del programa ASAP.
Eso sí, los primeros en ser informados serán los grandes tenedores, fondos de inversión y entidades bancarias. Suyas son 320 viviendas; y solo 5 nombres están en posesión de 250 inmuebles. "Trabajaremos en el decreto de manera inmediata", formulaba Bilbao en respuesta a una moción del Grupo Popular rechazada de plano por llamar a la desobediencia en la aplicación del canon. Eso sí, la intervención sirvió para recordar que el nuevo PGOU de la capital vizcaina (que podría ser aprobado en enero) contempla la posibilidad de que las entreplantas también puedan ser transformadas en viviendas siempre que reúnan las condiciones de habitabilidad.