El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha reiterado que la contratación del abogado Joanes Labayen fue legal y que no hubo conflicto de intereses en la pugna del transporte escolar que dejó sin autobús a 7.500 estudiantes de Araba y Bizkaia al inicio de curso. No obstante, ha reconocido que quizás deberían haber informado sobre este fichaje desde el principio para no generar “confusión” pero que no vieron la necesidad de hacerlo porque la situación “era clara y no ofrecía dudas”. Bildarratz ha insistido en el Parlamento Vasco en que “no ha existido irregularidad alguna” en el hecho de que su Gabinete contratase al letrado de Cuatrecasas siendo conscientes de que, además de abogado, Labayen es miembro del consejero de administración de Autocares URPA SL, adjudicataria de 15 rutas escolares en Gipuzkoa por 4 millones de euros.
Según Bildarratz, la única intervención de Labayen se limitó a asesorar legalmente sobre la Orden de ejecución forzosa para garantizar el servicio de autobús en la vuelta al cole después de que prácticamente todas las rutas de Bizkaia y Araba quedasen desiertas. Por tanto, el papel que jugó Labayen en la crucial reunión del 22 de agosto entre Educación y las empresas del sector encaminada a reconducir la situación – y que tantas dudas ha despertado entre los partidos de la oposición– no pudo alterar de modo alguno el proceso de licitación de las rutas ya que éste fue anterior a que Labayen entrase en escena. El Departamento de Educación abonó al bufete Cuatrecasas por este servicio 5.400 euros más IVA. Bildarratz fue más allá, al explicar que el asesor no pudo favorecer “en ningún caso” los intereses de URPA ya que fue la única empresa que se presentó a la licitación de 12 de las 15 rutas.
Este es, en resumen, el contenido de la Comisión de Educación en la que Bildarratz compareció ayer a petición propia –y de EH Bildu, PP y Vox– para poner negro sobre blanco todo lo que envuelve el fichaje de Cuatrecasas y Labayen, al que no nombró en toda la sesión. El titular de Educación desgranó los pormenores del proceso de licitación que condujeron a que se quedasen desiertas 70% de las 484 rutas escolares –el 100% en Bizkaia, el 95% en Araba y el 2% en Gipuzkoa– a pesar de que en septiembre de 2022 Educación incrementó un 24,1% la financiación del servicio.
A falta de pocas semanas para el inicio del curso, dijo Bildarratz, Educación consideró conveniente explorar las vías legales que tenían en su mano para garantizar servicio desde el primer día. Por ese motivo, a comienzos de agosto se decidió contratar al bufete Cuatrecasas, una firma de reconocido prestigio para reforzar el análisis jurídico del Gobierno vasco frente a las empresas del sector que estaban asesoradas, entre otros, por el conocido bufete Garrigues. “Dicho trabajo era absolutamente ajeno a la resolución de la licitación, y se limitaría a estudiar las diferentes opciones jurídicas existentes para garantizar el servicio escolar”, comentó el consejero.
CRONOLOGÍA
Durante su intervención, Bildarratz señaló que el hecho de que uno de los abogados de Cuatrecasas asesorase jurídicamente a una empresa de transporte “en nada afectaba al trabajo solicitado”. Y es que, según explicó, el trabajo jurídico iba únicamente destinado a lograr que las empresas que no querían prestar el servicio lo hicieran finalmente. En esta línea aseguró que esta contratación “ni repercutió ni interfirió” en las empresas que, al igual que URPA, ya habían presentado unas ofertas que ya se estaban tramitando.
Bildarratz destinó varios minutos de su intervención para informar sobre reunión celebrada el pasado 22 de agosto entre su departamento y los transportistas. Siguiendo este relato, ese día, representantes de todas las empresas de transporte escolar tuvieron la oportunidad de participar en la reunión en la que se analizó la situación. En dicho encuentro, el viceconsejero de Administración y Servicios, Xabier Aizpurua, informó de la presencia de Labayen, a quien, según dijo, se le solicitó su colaboración. Un hecho que fue posteriormente recogido en el acta, “con absoluta transparencia”, puntualizó Bildarratz.
Durante la reunión, Educación comunicó la posibilidad de aprobar una Orden de obligado cumplimiento, ante el riesgo de que la postura de las empresas no garantizara el servicio escolar. Dicha Orden se aprobó el 1 de septiembre y entró en vigor el día 5, dos días antes de inicio del curso. Las empresas de Bizkaia y Araba se plantaron. Tras una semana sin autobús escolar y más 7.5000 familias afectadas, Educación y el sector del transporte escolar firmaron una tregua antes de retomar el servicio como paso previo a iniciar un proceso de diálogo en el que abordar propuestas de mejora de cara a la próxima licitación para el curso 2024-2025. l