EH Bildu insiste en que el Gobierno vasco y las diputaciones tendrían que estar alineadas en materia económica con un pacto presupuestario global y una fiscalidad única en los tres territorios. Su portavoz Pello Otxandiano decía el domingo que “no es normal” que haya tres tarjetas de transporte público ni diferentes precios en las residencias. A juzgar por estas declaraciones, podría parecer que EH Bildu ha sido siempre la principal valedora de conceptos como la armonización fiscal. Pero, paradójicamente, uno de los desacuerdos más claros en materia de impuestos se produjo cuando la izquierda abertzale alcanzó su mayor cota de poder institucional hasta la fecha en la comunidad autónoma vasca, la Diputación de Gipuzkoa. La desarmonización significa que no se paguen los mismos impuestos en toda la comunidad autónoma, sino que unas personas paguen más que otras en función de dónde residan.
Es verdad que puede ser opinable de quién fue la responsabilidad del desacuerdo, pero las declaraciones de la época sirven para arrojar luz sobre lo poco que le inquietaba la desarmonización a Bildu. También se vio cómo se mantuvo firme en su propuesta e intentó que fueran otros los que asumieran o se adaptaran a su visión. En aquel momento, Bizkaia y Araba lo vivieron como un intento de imposición desde un territorio hacia el resto. La desconfianza se ha arrastrado durante años y todavía hoy se ha leído su propuesta global como una imposición vertical.
El desacuerdo
Corría el año 2011, y el encontronazo se veía venir: el Gobierno vasco lo presidía el socialista Patxi López, Bizkaia estaba liderada por el PNV con José Luis Bilbao, en Gipuzkoa se estrenaba Bildu con Martin Garitano, y en Araba gobernaba el PP con Javier de Andrés. En aquella época, se produjo un pulso a cuenta de la propuesta de Gipuzkoa para recuperar el Impuesto de Patrimonio y realizar diversos ajustes en otras figuras como el IRPF, con la idea de gravar más a los ricos.
De esa época datan expresiones como “la armonización es importante para nosotros siempre que concuerde con nuestros criterios; si no, seguiremos con lo nuestro” (lo dijo la portavoz foral de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, en octubre); “pido a la Diputación que actúe sin complejos desde la izquierda; las decisiones se deben tomar aquí, en los órganos ejecutivos y legislativos, y no en los órganos de coordinación” (la frase la pronunció en septiembre Rebeka Ubera, parlamentaria de EH Bildu en la actualidad); o “la desarmonización no vendrá porque hagamos una reforma de la fiscalidad, sino porque los otros no se han sumado a nuestra propuesta” (Martin Garitano, en octubre).
La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa en 2011, Larraitz Ugarte, con el entonces diputado general, Martin Garitano
En un momento inicial, el PSE estaba del lado de Bildu y era su aliado para sacar adelante las modificaciones en Gipuzkoa. Fue un acuerdo entre ambos, alcanzado en septiembre de 2011, lo que abrió la caja de los truenos. Finalmente, Patxi López trató de resolver el entuerto convocando el Órgano de Coordinación Tributaria para alcanzar un acuerdo de mínimos con Bizkaia y Araba, pero sus atribuciones como lehendakari eran limitadas porque la competencia es foral. Después, en la tramitación en Juntas de Gipuzkoa, unas enmiendas del PSE suavizaron las diferencias entre territorios pero, a pesar de ello, los impuestos fueron más altos allí en 2012. En ese momento, Bildu no creía que no fuese “normal” esa diferencia, ni habló de “inequidades”. Bizkaia y Araba compartieron los importes exentos en Patrimonio para vivienda habitual, pero Gipuzkoa los rebajó. Además, se mantenían desacuerdos sobre el IRPF.
En diciembre de 2011, Bildu logró aprobar esa primera reforma en las Juntas, pero era una reforma atenuada por las enmiendas del PSE. En 2012, rebautizó el Impuesto de Patrimonio como Impuesto de la Riqueza y las Grandes Fortunas y eliminó el escudo fiscal que permitía que entre ese impuesto y el IRPF no se pagase más del 60% de la renta declarada. En cualquier caso, su tipo máximo era del 1%, mientras que en Bizkaia era superior, del 2%. Ahora, lo que quiere Bildu es hacer valer su posición allí donde sus votos se necesitan y donde hay un acercamiento fiscal, Gipuzkoa, para extender el criterio a toda la CAV.