Bildu quiere dejar exento el salario mínimo pero tumba la fiscalidad vasca que lo permite

La coyuntura política en el Estado español ha dado a la revisión fiscal vasca un oxígeno con el que no contaba, como mínimo en términos de relato. En Madrid se ha abierto un debate que no afecta de manera directa a la comunidad autónoma vasca porque las haciendas forales tienen autonomía fiscal y pueden fijar su propio IRPF, pero allí se ha generado una corriente de opinión prácticamente generalizada a favor de que el salario mínimo no pague impuestos, y aquí se debate precisamente una revisión fiscal que recoge una medida con un espíritu similar: contempla elevar la cantidad mínima exenta de hacer la declaración de la renta de 14.000 a 19.000 euros anuales. Este debate beneficia al PNV, que lidera las tres diputaciones y puede presionar a formaciones como EH Bildu, que en Madrid defiende que el salario mínimo no tribute, y aquí, por su rechazo en términos generales a la revisión de PNV y PSE, votará en contra de un paquete de medidas que incluye la ampliación del límite exento para que estas personas no tengan que pagar a hacienda.

Este debate ha surgido tras el acuerdo para elevar el salario mínimo en el Estado hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, es decir, 16.576 euros al año. Esa cifra supera el límite exento de pagar impuestos, y las personas que cobren este dinero tendrían que hacer la declaración de la renta en el Estado. Pero, con la revisión fiscal vasca que han acordado PNV y PSE y si lograran los respaldos necesarios allí donde están en minoría (Gipuzkoa y Araba), ese salario no pagaría impuestos en los tres territorios, ya que plantean subir el límite exento de 14.000 a 19.000. Es decir, las Juntas Generales tienen en su mano evitar que estas personas paguen. En las comunidades de régimen común del Estado, no obstante, la nueva cifra queda por encima del umbral, y es el Gobierno de Sánchez quien tendría que remediarlo. Se ha generado un intenso debate y la vicepresidenta María Jesús Montero está muy tentada de dejar las cosas como están para no perder entre 1.700 y 2.000 millones de recaudación fiscal. 

Montero ha rechazado el “vaciamiento fiscal”, la pérdida de recursos para destinar a las políticas públicas, y el “populismo de la derecha”, un argumentario que recuerda mucho al que ha utilizado EH Bildu para desmarcarse de la revisión vasca. ¿Quiere esto decir que EH Bildu está de acuerdo con Montero en que el salario mínimo contribuya con su renta? No. Desde el PP hasta Sumar, EH Bildu y Podemos, sus diputados en el Congreso rechazan que estas rentas bajas tengan que rendir cuentas ante hacienda. Pero, en la comunidad autónoma vasca, su rechazo a la revisión fiscal de PNV y PSE los llevaría en la práctica a tumbar un paquete que evitaría que esas personas pasen por caja.

La posición de EH Bildu

En Madrid, EH Bildu ha defendido con claridad que hay que aliviar esa carga a los trabajadores. El diputado Oskar Matute decía que “vamos a defender que los colectivos vulnerables tengan garantías para desarrollar su proyecto de vida y no obstáculos y zancadillas”. A su juicio, además, no se podría obligar a que tribute el salario mínimo mientras “se le perdonan impuestos a las energéticas” y mientras no haya una reforma en la que paguen más los que más tienen. Sería “ridículo” empezar por estos sueldos bajos. Josu Estarrona también ha criticado que hacer tributar a las personas que cobran esta cantidad supone un recorte directo sobre el aumento del salario mínimo. Lo comido por lo servido, venía a decir. Cree que la tributación de este salario iría en dirección contraria a la progresividad, en un contexto de beneficios récord de las energéticas y la banca.

En la comunidad autónoma vasca, EH Bildu se opone a la revisión fiscal de PNV y PSE, porque cree que es un mero compendio de rebajas de impuestos y, además, no aprieta a las empresas a través de una reforma del Impuesto de Sociedades. Y, a efectos prácticos, su rechazo supone tumbar un paquete que incluye este alivio para quienes cobren este tipo de salario. Los diputados generales han trasladado la presión a los grupos de la oposición y han apelado a la conciencia social de todos para salvar esta medida aunque en términos generales quieran ir más allá.

Paradójicamente, EH Bildu ha convertido en una de sus banderas políticas la negociación de un salario mínimo vasco, para elevar el poder adquisitivo de las personas que trabajan y viven aquí, en consonancia con el nivel de vida de la comunidad autónoma. Esta es una competencia del Estado, ya que solo él puede fijar por ley un sueldo base, y en la comunidad autónoma únicamente podría producirse un acuerdo voluntario entre los agentes sociales que por ahora rechaza la patronal. EH Bildu llegó a introducir esta cuestión como condición para apoyar los Presupuestos de Pradales de 2025, aunque la negociación saltó por los aires y terminó votando en contra. Ahora, en la negociación fiscal, podría haber contribuido a que ese poder adquisitivo subiera por otra vía, la exención de pagar impuestos.

Sin la revisión fiscal, el salario mínimo tiene que declarar el IRPF en la CAV

En la actualidad, sin la revisión fiscal de PNV y PSE, el salario mínimo sí paga impuestos en suelo vasco, ya que el límite exento solo está en 14.000 euros en sus territorios. Superaban este límite el salario mínimo de 2024, de 15.876 euros, y el salario con la subida que se ha acordado en el Estado, 16.576 euros. La revisión vasca libraría de la obligación de declarar el IRPF a quienes cobren hasta 19.000 euros al año, y se aplicaría con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025, si se aprobara finalmente.

Este mismo jueves, después de que las haciendas forales notificaran en el Consejo Vasco de Finanzas una caída de la recaudación de impuestos por las devoluciones a los mutualistas, EH Bildu insistía en que hace falta una reforma y no un catálogo de deducciones que disminuyen la recaudación fiscal. A finales de enero, Unai Urruzuno rechazaba la revisión de PNV y PSE aunque recoja otras medidas como las deducciones por compra de vivienda y ampliar hasta los 36 años la franja de edad para que una persona sea considerada joven, con el argumento de que la recaudación bajaría, se perdería dinero para reforzar los servicios públicos y la fiscalidad no debería orientarse a la emancipación para conseguir vivienda, sino que “la política fiscal tiene sus propios objetivos y no vale para todo”.

EH Bildu puede argumentar que su rechazo a la revisión fiscal se basa en argumentos más amplios, pero el diputado general de Araba, el jeltzale Ramiro González, había pedido ya el jueves a todos los partidos que, aunque consideren que la propuesta vasca es “insuficiente”, aclaren si les parece “negativo ayudar a los que menos ganan”. “Que se lo digan a la sociedad vasca”, retó. González se preguntó cómo se puede decir que no a mejorar la fiscalidad de las rentas de hasta 19.000 euros mientras en el Estado casi todos hablan de librar al salario mínimo de pagar impuestos. Los tres posibles socios de PNV y PSE para sacar adelante su propuesta en las Juntas de Gipuzkoa y Araba, que son EH Bildu, PP y Elkarrekin, rechazan en el Estado que las personas que cobran el salario mínimo tengan que hacer la declaración de la renta. En el caso del PP quiere ir más lejos con mayores rebajas fiscales. Salvo que estas personas tengan hijos o alguna otra causa de beneficio fiscal, terminarían pagando a hacienda.

Nafarroa: sí a las deducciones

Las Juntas han ampliado el plazo del debate para alcanzar un consenso que por ahora se antoja lejano. La medida, según los cálculos que ha lanzado el propio PNV en público, tendría más de 300.00 beneficiarios en la comunidad autónoma. Se da la circunstancia de que EH Bildu ha pactado también los últimos Presupuestos de Nafarroa y la medida a la que dio mayor proyección como un gran éxito en términos sociales fue la mejora de las pensiones más bajas mediante deducciones en el IRPF, porque iba a garantizar que la ciudadanía navarra cobrara una pensión mínima de 1.035 al mes o 14.490 euros al año en 14 pagas. El coste estimado era de 10 millones.

En la CAV, el partido de Otegi ha decidido combinar los acuerdos con su apuesta por reservarse espacios para el desencuentro y escenificar su alternativa de izquierdas. En ese contexto, rechaza esta revisión fiscal.