Se confunden los términos y las responsabilidades. Todos. Adultos, adolescentes y menores lo hacen. A veces sin saberlo y otras con maldad. Porque una cosa es el amor y la confianza y otra bien distinta la violencia y el control. Y de eso va la violencia de género digital que consiste en insultar, amenazar y amedrentar -entre otros muchos delitos- a otra persona a través de las redes sociales.
También de espiar conversaciones, cotillear fotos y robar contraseñas para crear perfiles falsos con los que humillar a una expareja, por ejemplo. Todo un mundo censurable y condenable que lleva años tomando cuerpo en Internet a marchas forzadas, casi tan rápido como se desarrollan aplicaciones y plataformas. “Es un tipo de violencia con la particularidad y el gran problema de que su difusión es inmensa e imparable. No hay manera de ponerle freno y todos estamos expuestos a ella”, ha resumido Encarna Iglesias, presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital.
Lo ha hecho durante su comparecencia en Juntas Generales donde ha ofrecido una panorámica de esta problemática que está afectando seriamente a las generaciones más jóvenes. A su juicio es necesario y urgente prestar atención a este tipo de violencia de género -que en menor medida afecta a los hombres consumidores de porno on line que son chantajeados por mafias- porque ya ha generado daños, algunos irreparables porque han terminado en suicidio...
Por eso ha reclamado al Parlamento vizcaino -como ha hecho con anterioridad en Gasteiz y en Donostia- el diseño y aplicación de medidas, protocolos y guías, campañas de sensibilización directas y cursos de formación y talleres en educación digital para reforzar la atención y protección a las víctimas de este tipo de violencia. Las nuevas tecnologías se han transformado para algunas personas y redes criminales en un medio para ejercer esa violencia, sobre todo psicológica.
Policías, sanitarios, agentes judiciales...
Iglesias también ha hablado muy clarito sobre la conveniencia de mejorar el adiestramiento de policías, sanitarios y agentes judiciales en la atención, tratamiento y resolución de estos delitos que están a la orden del día. No basta con despachar un Cambia de número o un Bórrate de esa red. Entre otras cosas y sobre todo porque la víctima no está cometiendo el delito y la carga debería recaer sobre la persona culpable de esas conductas que van más allá de molestar. Las denuncias, por ejemplo, deben ir debidamente certificadas desde comisaría para que la autoridad judicial las tenga en consideración y no las eche para atrás.
Un pantallazo no suele ser aceptado como evidencia y es necesario recurrir a servicios especializados. En este sentido, la presidenta de la Asociación Stop Violencia de Género Digital -nacida hace 8 años en Madrid- ha relatado dos casos que han llegado a su oficina. Uno desde el sur de España y otro ocurrido esta misma semana en Bizkaia cuando una mujer buscó asesoramiento derivada por una agente de la Ertzaintza, que creyó su denuncia de tener el smartphone pinchado por su expareja, aunque le reconoció que el análisis policial se dilataría medio año. “En este mundo eso no vale”, ha zanjado Iglesias.