El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que el Gobierno español estudiará la resolución del comité de la ONU que afecta a los políticos independentistas catalanes pese a no ser vinculante, aunque ha subrayado que "lo importante es superar el conflicto" desde el diálogo.
En declaraciones a la prensa tras visitar el Consejo de Estado, Bolaños ha destacado que el Ejecutivo va a "leer y estudiar" la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que dictamina que España violó los derechos políticos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de los ex consejeros Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al suspenderlos de sus funciones públicas tras ser procesados por rebelión, una medida que impone la legislación española antes de que haya condena.
Destaca que "no es vinculante"
Tras destacar que "no es vinculante", Bolaños se ha comprometido a estudiar lo que dice la ONU, aunque matizando a continuación que para el Gobierno español lo importante es que se ha abierto una "nueva etapa" en Catalunya basada en los acuerdos entre las partes para "hacer política de verdad, útil" que lleve a "superar una etapa pésima" en la historia del país y que "no llevó a ninguna parte".
El pasado miércoles, la ministra de Transportes, la catalana Raquel Sánchez, adelantó que el Gobierno español "respeta escrupulosamente todas las decisiones del comité de derechos humanos de la ONU", pero añadiendo que también entiende que las resoluciones judiciales en España "se emiten ajustadas a derecho y ajustadas a ley".
Reforma del delito de sedición
En todo caso, Raquel Sánchez mostró la disposición del Ejecutivo a "atender a esa resolución" y a "mejorar la legislación y que sea equiparable a los estándares de todas las legislaciones más avanzadas en este sentido".
Desde las filas independentistas reclaman la reforma del delito de sedición por el que fueron finalmente condenados los políticos independentistas. No obstante, el presidente Pedro Sánchez ha dicho que no tiene mayoría suficiente para acometer esa modificación del Código Penal, un extremo que niegan sus socios de Podemos.