La presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, ha alegado ante la Junta Electoral Central (JEC) que la sentencia que la condenó por prevaricación y falsedad documental no es firme y que retirarle el escaño vulneraría su derecho a la participación política y a la presunción de inocencia.
En un escrito remitido a la JEC, consultado por Europa Press, sus abogados sostienen que el órgano electoral no es competente para "dejar sin efecto credenciales o declarar vacantes" en el Parlament, como ocurrió con el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exdiptuado Pau Juvillà.
Defienden que la JEC solo puede pronunciarse sobre la elegibilidad de un candidato que aún no ha sido elegido, lo cual no es su caso: "Es evidente que quien ha resultado elegido no puede devenir inelegible en relación con un proceso que ha concluido, ni siquiera sobrevenidamente".
También sostienen que Cs, PP y Vox carecen de legitimidad para instar a la JEC a retirarle el escaño, ya que no tienen "ningún derecho vinculado a la condición de diputada" de Borràs ni, por tanto, interés legítimo en el procedimiento, según los abogados de la líder de Junts.
Además lamentan que la JEC no les trasladara el expediente sobre el caso y que, cuando lo pidieron, les instara a consultar la copia remitida al Parlament dada su extensión, y sin suspender el plazo de diez días para pronunciarse.