“No he cometido ningún delito”. Así se expresó ayer lunes Laura Borràs a preguntas del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, como trámite previo a su interrogatorio, que se llevará a cabo al final del juicio, como solicitó su defensa, antes de que se iniciara el de los otros dos acusados, Isaías H. y Andreu P., que llegaron a un pacto con la Fiscalía para rebajar sus penas a cambio de incriminar a la suspendida presidenta del Parlament en su causa por la presunta adjudicación de contratos a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017. “De ninguna manera reconozco los hechos”, aseveró la líder de Junts, que afronta seis años de cárcel, previamente a que los inculpados y beneficiarios de los proyectos, la incriminarán alegando que siguieron instrucciones suyas.
Los acusados se negaron a responder a la defensa de Borràs y, a preguntas de la Fiscalía y de sus propios abogados, reconocieron que se beneficiaron de adjudicaciones a dedo, previamente fraccionadas en contratos menores de hasta 18.000 euros, para burlar así la obligación legal de pasar por un concurso público. En concreto, Isaías H., adjudicatario de los 18 contratos -dos de los cuales facturó a nombre de su amigo Andreu P. para dar apariencia de legalidad-, señaló que ya en 2013 se puso de acuerdo con Borràs para dividir los proyectos de la ILC de forma que él siempre resultara beneficiario de los mismos. Para optar a los contratos presentaba tres presupuestos, uno de los cuales “sabía que se aceptaría”, mientras los otros dos eran meras “comparsas” para simular concurrencia pública, una cuestión de la que, a su juicio, la actual líder de JxCat estaba al corriente. Y es que, subraya el ministerio público, el protocolo de la Generalitat establecía que en los contratos menores de cuantía superior a 3.000 euros había que adjuntar documentación justificativa de tres presupuestos, de los que debía escogerse al más ventajoso, y que no todas las adjudicaciones debían concederse al mismo proveedor. Isaías H., para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel, añadió que Borràs llegó a concretarle las empresas a cuyo nombre tenía que presentar las ofertas a la ILC y que dos de los presupuestos los presentó su amigo Andreu P. para aparentar que no siempre se adjudicaban al mismo proveedor. Por su parte, Andreu P., quien se expone a tres años de prisión, admitió que aceptó poner a su nombre esos presupuestos, pese a que las sumas percibidas se las reintegraba después a Isaías H. y a trabajadores que habían participado en el encargo, y que era consciente de que los proyectos de la ILC estaban previamente asignados.
Isaías H., quien entabló relación en 2008 con Borràs por unos premios literarios en los que participó, asumió los correos electrónicos que intercambió con ella sobre las supuestas adjudicaciones a dedo, uno de los principales indicios que incriminan a la presidenta de Junts y cuya defensa ha tratado, por el momento sin éxito, de que fueran anulados por el tribunal, al sembrar dudas sobre su cadena de custodia. También asintió respecto a que el 6 de noviembre de 2017, cuando tenía el teléfono intervenido, mantuvo una conversación con un amigo en el que, en un contexto “coloquial” le comentó que, ante la activación del 155, temía que una comisión económica “empezara a mirar” los gastos y empezaran a salir “marrones”.
Tensión en el juicio
Ayer lunes se volvieron a vivir momentos de tensión, hasta el extremo de que Barrientos retiró la palabra a la defensa de Borràs, por preguntar de forma insistente a Isaías H. por su consumo de drogas y por su acuerdo con la Fiscalía para incriminarla. Isabel Elbal, que defiende a Borràs junto a Gonzalo Boye, había encadenado varias preguntas para saber si cuando ocurrieron los hechos este acusado tomaba cocaína, anfetaminas, lsd y heroína y si engañó al organismo que le suministraba metadona porque aún seguía consumiendo. Sin embargo, Isaías H. sí acabó hablando de su consumo de drogas a preguntas de su defensa, que plantea como adicción a los tóxicos en busca de una atenuante.
El portavoz de JxCat, Josep Rius, aseguró que Borràs es víctima “de un claro caso de persecución política”, pidió “respeto” a la presunción de inocencia y acusó a ERC de su suspensión como presidenta del Parlament.