Borràs rechaza el boicot en el acto del 17-A pero defiende su saludo a los manifestantes

Al acabar el acto de homenaje a las víctimas del 17-A en Barcelona, Laura Borràs se acercó a los manifestantes que pedían saber “la verdad” de aquella masacre, entre ellos algunos de los propios afectados, y en ningún momento fue partícipe del boicot al minuto de silencio proferido desde un grupo reducido de personas vinculado al entorno independentista. Ni arropó, ni avaló ni se muestra conforme con la interrupción de un momento donde otros quisieron cobrar protagonismo, sino que lo guardó respetuosamente. “Lo rechazo enérgicamente”, consideró. Así quiso aclarar ayer la presidenta del Parlament suspendida de sus funciones la polémica surgida en el recuerdo a quienes perdieron la vida en los ataques yihadistas de 2017 para rebatir las “falsas” interpretaciones que se han hecho mediática y políticamente para, a su juicio, profundizar en la división del mundo soberanista, aunque la líder de Junts, partido que deploró lo ocurrido, eludió hacer autocrítica amoldándose al mensaje trasladado por la formación posconvergente.

Borràs atribuyó a una sola persona los gritos que interrumpieron el minuto de silencio y pidió “no criminalizar” a toda la plataforma que exige verdad y justicia, reclamaciones que comparte. En sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y RAC1, relató que al concluir el acto simplemente se acercó a los manifestantes para escuchar y respaldar sus reivindicaciones, y es que muchos damnificados entienden que no se han investigado suficientemente los atentados y creen que el Estado español está detrás de los mismos, una tesis que aireó el excomisario Villarejo al ligar la masacre con el objetivo del CNI de dar “un susto” a Catalunya en plena erupción del procés. “Está totalmente fuera de lugar interrumpir un minuto de silencio”, zanjó la líder de JxCat, para quien ese marco está para “respetarlo, y eso es lo que hacemos desde Junts”. Por lo tanto, Borràs no ve contradicción entre el mensaje del partido y su actuación, que, a su juicio, respondió a los criterios de “máximo y escrupuloso respeto” a las víctimas que considera “sagradas”. Como hizo el diputado Jaume Alonso Cuevillas, a la postre abogado de algunos allegados de las víctimas, defendió el tono general de la protesta de la plataforma 17-A, “familias que exigen conocer la verdad cinco años después”, que llevaban pancartas para que tuvieran visibilidad y que veían cómo en “primera fila” del homenaje había políticos que “patrocinan la opacidad en lugar de fomentar la verdad y la justicia”.

Borràs no se sintió aludida por la visión expuesta por el ex secretario general de su formación, Jordi Sànchez, quien señaló que “no debería haber habido más protagonismo que el de los familiares de las víctimas”. “No era el sitio ni para romper el minuto de silencio ni el momento para buscar protagonismos políticos”, añadió él. Cuestionada por ello, la presidenta de Junts se preguntó: ¿Por qué se está hablando de mí?” en un intento de rehuir todo protagonismo. “Los protagonistas eran y debían ser las víctimas y sus familiares”, precisó. Sobre los que se encararon a las víctimas de los atentados minimizó lo sucedido: “Se ha visto qué personas son, estas personas yo no las saludé ni las aplaudí”. Y añadió: “Las víctimas quieren saber, aclarar los hechos, una sociedad que ha vivido hechos como estos ha de poder saber qué ha pasado, pidiendo comisiones de investigación, aclarando qué ha pasado y exigir responsabilidades”. “Trumpismo es hacer ver que pasó lo que no pasó”, recalcó Borràs, quien censuró “determinadas lecturas” que se hicieron de su saludo a este grupo de manifestantes. El reproche de Junts al boicot fue secundado por otros destacados dirigentes del partido, entre ellos el secretario general, Jordi Turull, y el expresident Carles Puigdemont.

Seguirá yendo al Parlament

También se refirió la dirigente de JxCat a su suspensión como diputada por el acuerdo de la Mesa del Parlament del 28 de julio, en virtud del artículo 25.4 del reglamento de la Cámara, tras abrírsele juicio oral por presunta malversación de caudales públicos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y volvió a calificar la decisión de “política” e “inédita”, aunque mantiene que ella es presidenta “porque no hay otra”. Es por ello que seguirá yendo al Parlament aunque no tenga funciones ni sueldo y se cuestionó si alguien le prohibirá acceder a su despacho. En cualquier caso, Borràs lamentó que la suspensión no fuera acompañada de algún informe de los letrados que aclarara el alcance de la misma. En este proceso asegura sentirse totalmente acompañada por sus siglas, y puso en tela de juicio la utilidad del Govern del que su partido forma parte para alcanzar la independencia de Catalunya.

Borràs piensa que Junts deberá analizar el desarrollo del acuerdo de legislatura con ERC y que la militancia deberá decidir en una consulta sobre la continuidad junto a Pere Aragonès. Con todo, esquivó responder directamente si es partidaria de abandonar el Ejecutivo pero dejó pistas claras sobre su posición, y es que calificó como un “hecho gravísimo” que se suspenda a la presidenta del Parlament y que se haga por “condicionantes de carácter político”. ”Pero lo más grave es que haya un acuerdo de gobierno fruto de unos resultados electorales del 52% independentista” y eso “no produzca pasos hacia la independencia sino más bien un acomodo a la autonomía”, valoró Borràs, que dice seguir en política para alcanzar el Estado propio e independiente.

Junts tiene en marcha una auditoría para evaluar el cumplimiento del pacto de gobierno que pretende someterse a consideración de la militancia. Desde la celebración del congreso, en el que Turull y Borràs pactaron una bicefalia, el exconseller ha ido ganando terreno interno a la espera de un otoño clave para la fisonomía del Govern y prólogo de la batalla de las municipales del próximo mayo.

Verso suelto

No es la primera vez que la agenda propia de Borràs incomoda a dirigentes de Junts tanto de la cúpula como del Govern. En los momentos previos a su suspensión por la apertura oral del juicio por los presuntos contratos fraccionados en la ILC, ya se topó con voces de la dirección y consellers que le pidieron un paso al lado . Ella desoyó esa petición y decidió llevar la situación hasta su suspensión -avalada en la mesa por ERC, CUP y el PSC-. En esta coyuntura la dirigente contó con el apoyo de Turull y, de hecho, el partido acaba de solicitar que se reconsidere la suspensión como paso previo a recurrir a instancias europeas.