La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, ha anunciado hoy al Tribunal Supremo (TS) que recurrirá su condena de cuatro años de cárcel, alegando que se le han vulnerado una decena de derechos constitucionales, entre ellos los de intimidad, secreto de comunicaciones y representación política.
Gonzalo Boye, abogado de Borràs, ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito, al que ha tenido acceso EFE, para anunciar que interpondrá recurso de casación por "infracción de ley y lesión de precepto constitucional" contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la condenó por adjudicar contratos a dedo a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
El escrito avanza que el recurso argumentará que en el proceso judicial contra Borràs se han vulnerado hasta once derechos consagrados en la Constitución, entre ellos el derecho a un juez imparcial, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y de defensa.
También cree el abogado que la sentencia del TSJC infringe preceptos constitucionales como el derecho al secreto de las comunicaciones, la intimidad y la protección del entorno virtual, a un proceso con las debidas garantías, al principio de legalidad y de libertad personal, así como el de proporcionalidad y representación y participación política.
La mayoría de esas vulneraciones de derechos han sido esgrimidas por los abogados de Borràs en los recursos presentados a lo largo del proceso judicial: una de sus principales líneas de defensa fue, precisamente, que los correos electrónicos intervenidos que la incriminan fueron obtenidos en el ordenador de su amigo Isaías H., adjudicatario de los contratos de la ILC, de forma irregular.
Otro de los argumentos que la defensa blandirá ante el Supremo es la errónea valoración de las pruebas por parte del TSJC, para lo que se basará, según anuncia el escrito, en documentos que figuran en la causa y que "no han sido contradichos por otros elementos probatorios".
La sentencia del TSJC, notificada el pasado 30 de marzo, condenó a Borràs a cuatro años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos de la ILC para adjudicárselos a dedo a su amigo Isaías H., aunque proponía su indulto parcial para que pueda evitar la prisión.
En paralelo, la presidenta de Junts está a la espera de que la Junta Electoral Central (JEC) decida si la suspende como diputada, pese a que su sentencia aún no es firme, en base a un artículo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que permite hacerlo en los casos de condenas por delitos contra la administración pública.