El juicio a la presidenta suspendida del Parlament y líder de JxCat, Laura Borràs, acusada de adjudicar contratos a dedo a un amigo, ha arrancado a las 10.19 horas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una sesión en la que este viernes se plantearán las cuestiones previas.
Arropada por su familia, por el expresidente de la Generalitat Quim Torra y por centenares de independentistas, Borràs ha llegado hacia las 9.45 horas al edificio del TSJC para afrontar un juicio que se le puede complicar si prospera el pacto de la Fiscalía con el beneficiario de estos contratos para que la delate.
Una vez dentro del TSJC y antes de acceder al interior de la sala en la que se celebra el juicio, Borràs ha estado acompañada por su marido y su hija, por Torra, por su abogado, Gonzalo Boye, y por su núcleo más cercano, entre ellos el diputado de Junts Francesc de Dalmases, el exconseller de Interior Miquel Sàmper y el exdirector de los Mossos Pere Soler.
Borràs se sienta en el banquillo acusada de adjudicar contratos a dedo a un amigo, en un juicio que se le puede complicar si prospera el pacto de la Fiscalía con el beneficiario de dichos contratos para que delate a Borràs.
La Fiscalía pide para Borràs seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 146.000 euros por los delitos de prevaricación y falsedad el documento mercantil.
Culpar a Borràs a cambio de evitar prisión
El ministerio público acusa a la presidenta de Junts de haber fraccionado contratos para adjudicárselos a su amigo, el informático Isaías H., entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en una causa que le costó su suspensión como presidenta del Parlament en aplicación de un artículo de la cámara que obliga a apartar a los diputados que estén a la espera de juicio por casos de corrupción.
La misma pena de cárcel pide la Fiscalía para Isaías H., adjudicatario de los 18 contratos de la ILC y cuya estrategia de defensa puede oscurecer el escenario penal de la presidenta suspendida del Parlament si fructifica el pacto que negocia con la Fiscalía Anticorrupción para inculparla a cambio de una rebaja de pena que evite su ingreso en prisión.
Sería el segundo investigado que pacta con la Fiscalía Anticorrupción una declaración para incriminar a Borràs, después de que el pasado mes de junio lo hiciera el técnico de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) Roger E., a quien el ministerio público acabó exculpando.
Dos audios incriminatorios
Este funcionario, que estuvo a las órdenes de Borràs en la ILC, pidió voluntariamente declarar ante el juez instructor Josep Seguí, al que entregó dos audios comprometedores para la defensa de la presidenta suspendida del Parlament y un informe de la Intervención General que avisaba del abuso de la contratación menor en la ILC.
Poco después, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra Borràs en el que pedía el sobreseimiento de la causa contra Roger E., lo que el TSJC acordó.
Junto a la líder de Junts e Isaías H., en el banquillo se sienta también Andreu P., quien afronta tres años de cárcel por elaborar facturas para el amigo de Borràs que presuntamente permitieron enmascarar las irregularidades en la contratación. Por el momento, su abogado no se plantea seguir los pasos de otras defensas en busca de un acuerdo.
La defensa pide nulidad de pruebas
El juicio, que se reanudará el 20 de febrero con la previsión de que dure hasta marzo, se inicia este viernes con el trámite de cuestiones previas, en el que las defensas expondrán su munición legal para lograr la absolución de los acusados, esgrimiendo para ello supuestas irregularidades procesales que conducirían a la nulidad o el archivo de la causa.
Uno de los puntales de la defensa de Borràs, ejercida por el abogado Gonzalo Boye -que también lo es de Carles Puigdemont- es plantear la nulidad de los correos electrónicos que figuran en al causa, principal indicio que según el TSJC sustenta la acusación contra la presidenta suspendida del Parlament.
Correos inculpatorios
Los correos y conversaciones telefónicas en que se basa la acusación contra Borràs provienen de una investigación por tráfico de drogas y falsificación de moneda que los Mossos d'Esquadra abrieron en 2017 a su amigo Isaías H., condenado a una pena de cinco años de cárcel que la justicia le suspendió.
"Yo tengo una de marrones, buff, hombre, claro, porque yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, facturo unos trapis allí", apuntaba Isaías H. en una conversación telefónica de noviembre de 2017 intervenida que provocó que la policía catalana centrara sus sospechas en la ILC.
Otro de los correos que obran en la causa lo envió la propia Borràs a su amigo: "El presupuesto tiene que quedar como si fueseis profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues (...)".
Lejos de las antológicas comitivas con las que el independentismo ha acompañado a sus líderes a sus citas en el TSJC durante los años del procés -desde los expresidents Artur Mas o Quim Torra al expresidente del Parlament Roger Torrent-, Borràs llegará al alto tribunal arropada solo por los suyos.
Tanto el Govern como ERC y la CUP han anunciado que no acudirán a la concentración de apoyo a Borràs frente al TSJC, al considerar que su caso no puede equipararse a los relacionados con el procés, aunque sí lo hará una delegación de la ANC liderada por su vicepresidente, el clown Jordi Pesarrodona.