Brasil dirime hoy una de las elecciones más polarizadas que se recuerdan en el país, pero al mismo tiempo con los resultados previsiblemente más claros, según han ido revelando las encuestas que desde hace meses no han cuestionado la victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien podría incluso vencer en primera vuelta. Y es que desde que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) recuperó sus derechos políticos tras ser anuladas sus condenas, no ha habido sondeo que no le haya puesto de nuevo en el Palacio del Planalto doce años después. Consciente de ello, el aspirante a la reelección por el Partido Liberal (PL), Jair Bolsonaro, ha centrado su campaña en poner en duda el sistema electoral brasileño y en recordar el pasado con la Justicia de su rival, al tiempo que hacía frente a una pronunciada caída de su popularidad, siempre en entredicho, aunque todavía más tras su gestión de la pandemia.
Brasil decidirá su futuro en un momento en el que tiene que lidiar con índices récord de inflación, una desigualdad de tiempos anteriores, el desempleo, y los estragos de la pandemia, mientras existe el temor de que Bolsonaro no reconozca los resultados de las elecciones, después de que haya estado apelando en numerosas ocasiones al Ejército y poniendo en duda al Tribunal Supremo.
Aunque once aspirantes se han presentado a los comicios, solo Lula y Bolsonaro se muestran como opciones reales para salir elegidos. El último sondeo de Datafol publicado el pasado miércoles reflejó no solo que Lula se acerca al 50% de los votos necesarios para vencer, sino que el 46% de los votantes de Gomes y el 38% de los de Tebet admiten que podrían cambiar su voto a favor de Lula, suficiente para decidir la disputa.
Retorno de Lula
Brasil vivió uno de sus periodos más prósperos coincidiendo con el gobierno de Lula entre 2003 y 2010. Sin apenas reformas económicas, la gran demanda de materias primas del exterior permitió al expresidente poner en marcha una serie de políticas de ayudas sociales con las que consiguió sacar a unas 30 millones de personas de la pobreza. Su reelección en 2018 parecía clara, según las encuestas, pero su condena y su posterior entrada en prisión dio al traste con las intenciones del PT.
El gran beneficiado fue Bolsonaro, un viejo conocido de la política brasileña que había estado paseándose durante años por las instituciones del país bajo las siglas del partido que más y mejor representara sus intereses en ese momento. Sus promesas de orden en las calles, castigar la corrupción del PT y combatir a la izquierda por sus políticas en contra de la tradición y la familia convencional lograron convencer a los brasileños.
Ahora, cuatro años después, Lula promete combatir la crisis económica con políticas de impulso del consumo, derogar la ley del techo de gasto y una reforma fiscal progresiva con la que gravar las grandes fortunas. Nacionalizar por completo la eléctrica Eletrobras, poner en marcha un gran plan de obras públicas para generar empleo y poner fin a la explotación indiscriminada de la Amazonia, son otras de sus promesas.
Políticas sociales
Bolsonaro por su parte continuará con sus planes para seguir privatizando empresas estatales, como Eletrobras, el servicio postal Correios y la siempre en entredicho Petrobras, después de que la corrupción galopara a sus anchas durante los mandatos del PT, con la que espera hacer posible una de sus promesas de campaña, tener el combustible más barato del mundo.
Ambos han prometido aumentar la inversión en políticas sociales para reducir la desigualdad. Por otro lado, la Amazonia es la cuenta pendiente de los dos. Si bien la retórica de Lula es distinta de la de Bolsonaro –el ultraderechista fomenta la presencia de extractores ilegales de materias primas y está en contra de delimitar las tierras indígenas–, el candidato del PT sufragó sus políticas sociales gracias a las exportaciones de la agroindustria brasileña, en detrimento de las comunidades originarias que viven en la región.
Hoy, los brasileños no solo eligen presidente y vicepresidente, sino también las gobernaciones de las 27 entidades federativas del país, así como la renovación completa de la Cámara de Diputados, parte del Senado y a los representantes de las asambleas legislativas estatales.