Bruselas acepta que no se impongan peajes en las autovías del Estado español

La Comisión Europea acepta que el Estado español sustituya la introducción de peajes por el uso de carretera que estaba prevista en el plan de recuperación original a partir de 2024 por medidas de impulso al transporte ferroviario de mercancías, como había solicitado el Gobierno.

Bruselas dio su visto bueno a esta modificación en su análisis de la agenda del plan de recuperación, por lo que, una vez sea aprobada también por los Estados de la UE en el plazo de un mes, eliminará formalmente el pago por uso de carreteras al que se había comprometido en el documento original dentro de las medidas de la nueva Ley de Movilidad Sostenible.

"Ha sido reemplazada (la reforma de los peajes) por provisiones que promocionan el uso del transporte ferroviario por carretera para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", explicó en una rueda de prensa la portavoz de Economía de la Comisión, Veerle Nuyts.

Así, el Ejecutivo comunitario ha considerado que las opciones alternativas planteadas, que buscan impulsar el transporte de mercancías por vía ferroviaria, "mantienen el mismo nivel de ambición" que la propuesta original y permiten a al Estado español seguir abordando la recomendación de que dé pasos hacia un sistema de movilidad más sostenible.

En particular, defiende que las nuevas medidas "contribuyen a la reducción de las emisiones del transporte por carretera" y aborda la recomendación que Bruselas había hecho a España para "mejorar sus infraestructuras ferroviarias" e "invertir en transporte sostenible".

Además, Bruselas ha tenido en cuenta que el aumento del precio de los carburantes ya ha penalizado a los usuarios de las carreteras, que sus emisiones quedarán legisladas a nivel comunitario con la introducción de este sector y de la vivienda en el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) a partir de 2027.

La portavoz añadió que el cambio está avalado a través del artículo del reglamento del fondo de recuperación que permite modificar compromisos si existen "circunstancias objetivas" que lo justifiquen.