Bruselas advierte que España tendrá que hacer un ajuste de 11.695 millones en las pensiones

La previsión de gasto en pensiones de Bruselas apunta a que España tendría que ajustar un desfase en el sistema del 0,8 % del PIB, equivalente a 11.695 millones de euros, un cálculo aún provisional a la espera de que la AIReF actualice en 2025 su previsión de ingresos, que podría ser mayor a la estimada en 2023.

La Comisión Europea prevé que, tras la reforma de pensiones, el gasto promedio anual se elevará al 15,1 % del producto interior bruto (PIB), a lo que se restaría la estimación de ingresos promedio de la AIReF del 1 % del PIB, lo que resulta en un "gasto neto" del 14,1 % del PIB, 0,8 puntos por encima del máximo del 13,3 % del PIB establecido en la cláusula de cierre de la reforma.

La reforma de pensiones aprobada la pasada legislatura incluyó una denominada clausula de cierre que empieza a operar desde 2025 y que se basa en las cifras de proyección de gasto en pensiones del informe de envejecimiento de Bruselas, publicado hoy, y en la estimación del impacto de las medidas de refuerzo de ingresos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Mayor gasto en pensiones

La Comisión Europea ha advertido este viernes de que el Estado español es el país de la UE donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones debido al impacto de las reformas del sistema, que según Bruselas supondrán un incremento del gasto de hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB en el periodo de proyección, que abarca hasta 2070.

"En resumen, las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070", señala el Informe de Envejecimiento de 2024 publicado este viernes por el Ejecutivo comunitario.

Estas reformas hacen referencia a la nueva indexación en base al IPC aprobada en 2021 y la eliminación del factor de sostenibilidad de 2023 que da paso al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Además, la segunda parte de esta reforma, que debe garantizar la sostenibilidad a la largo plazo del sistema y que incluye la revisión del periodo de cómputo de la cotización, está ligada al cuarto pago de más de 10.000 millones de euros del plan de recuperación, todavía pendiente de aprobación por parte de la Comisión, cuya evaluación llegará el 20 de mayo.

Bruselas señala que los principales motores de esta presión al alza sobre el gasto son la nueva regla de indexación basada en el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad. "El nuevo régimen de bonificación/penalización y el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan parcialmente este aumento, pero el resto de las medidas adoptadas aumentan ligeramente el gasto público en pensiones", indica el documento.

En relación al Informe de Envejecimiento publicado el 2021, España ha recibido también la mayor revisión al alza, con 6,5 puntos porcentuales más en la previsión de todos los gastos relacionados con el envejecimiento en el periodo 2022-2070.

La Comisión también apunta que el gasto aumentará considerablemente durante la primera parte del periodo de previsión, hasta 2045, un periodo en el que el Estado registrará también el mayor incremento, con casi 4 puntos porcentuales del PIB, seguida de Lituania, Eslovenia, Portugal, Eslovaquia, Chipre y Luxemburgo, con un incremento de 2,5 a 3 puntos porcentuales del PIB.