Bruselas afea al Estado que las prestaciones sociales apenas reducen la pobreza

La Comisión Europea advirtió este miércoles al Estado de que el sistema nacional de prestaciones sociales, si bien está "mejorando" y las últimas medidas adoptadas van en la buena dirección, tiene todavía una capacidad "limitada" para reducir las tasas de desigualdad y de pobreza, especialmente la pobreza infantil.

Así consta en un informe sobre la economía española de 81 páginas que el Ejecutivo comunitario publicó hoy junto con sus recomendaciones de política presupuestaria de cara a 2024 y que remarca que la crisis energética y la inflación "han agravado los retos estructurales" a los que ya se enfrentaba el Estado español en materia de políticas sociales.

"Las transferencias siguen teniendo efectos limitados en la reducción de la desigualdad y la pobreza, la pobreza infantil en particular, que continúan altas en comparación y han empeorado en relación a los niveles de antes de la pandemia", explica el texto.

En cifras concretas, la Comisión Europea estimaba el impacto de las transferencias sociales (excluyendo pensiones) en su objetivo de reducir la pobreza en un 23,4 % en 2022, que aumentó hasta el 30,5 % en 2021, pero todavía está "bastante por debajo de la media de la UE" que se sitúa en el 37,1 %.

Las ayudas para menores

La discrepancia es todavía mayor en el caso del impacto de las ayudas para menores de edad, que en el Estado es del 24,5 % y en el conjunto de los Veintisiete alcanza el 43,1 %.

Una de las razones que argumenta el informe es que la mayoría de las políticas de apoyo a hogares vulnerables en el Estado son "transferencias fiscales no reembolsables" dentro del sistema de impuestos, lo que "limita la efectividad para reducir la pobreza, en especial de familias con hijos".

Frente a esto, Bruselas señala que la reforma fiscal prometida en el marco del plan de recuperación "tiene el potencial de tener un impacto positivo en la progresividad fiscal y de apoyar a los hogares y familias con niños más vulnerables".

En esta línea, el documento apunta que el ingreso mínimo vital (IMV) "establece una base para la revisión de las prestaciones financieras no contributivas" y añade que la adopción "rápida" de nuevas medidas como "itinerarios de inserción" para beneficiarios podrán "aumentar la tasa de absorción a todo su potencial".

Esto "incrementará la capacidad para aportar un apoyo efectivo a la población en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión y contribuir al logro del objetivo nacional del Estado de reducción de la pobreza para 2030", añaden los servicios económicos del Ejecutivo comunitario.

"En general, hay margen para que una mejor actuación en política social que consiga el objetivo del Estado español de reducir en 2,8 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social para 2030 (en comparación con 2019), incluidos 713.000 menores de edad", concluye el informe.