La Comisión Europea ha anunciado este martes 200 millones de euros para ayudar a Polonia, Lituania y Letonia a reforzar el control de su frontera con Bielorrusia ante la presión del "ataque híbrido" dirigido por Minsk contra la UE, pero ha insistido de nuevo en que la financiación no servirá para construir "muros" como reclaman estos países.
El anuncio de la ayuda adicional, unos 200 millones de euros para lo que queda de año y 2022, la ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un debate ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), aunque los detalles están por definir ya que Bruselas está aún en conversaciones con los tres países para definir las necesidades operativas y financieras.
El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, que ya pidió que se reabra el debate en el seno de la UE sobre la necesidad de financiar la construcción de vallas para proteger la frontera común, ha reiterado en el debate en Estrasburgo que el dinero anunciado por el Ejecutivo comunitario podría financiar barreras físicas.
No financiarán muros
Sin embargo, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Migración y Seguridad, Margaritis Schinas, ha advertido en una rueda de prensa de que la posición de la Comisión no ha variado respecto a que los recursos comunitarios no deben servir para pagar este tipo de infraestructuras.
"Se trata de financiar un sistema robusto de gestión de la frontera, algo que no debe ser entendido como muros físicos", ha indicado Schinas, quien ha pedido no "simplificar" el debate y entender que un buen sistema de control migratorio se apoya en medidas distintas, como puede ser mejoras tecnológicas para la vigilancia del paso fronterizo, más equipamiento, refuerzo de agentes o mejorar la calidad y capacidad de los centros de recepción.
"En lugar de reproducir el debate sobre concertinas o muros, lo que queremos es asegurar que los Estados miembro tienen fondos para una gestión robusta de la migración", ha zanjado.
Schinas además ha adelantado que su equipo ultima una propuesta para revisar el Código de fronteras Schengen de modo que se incluya la "instrumentalización de la migración" entre los supuestos que permiten a los Estados miembro tomar "medidas excepcionales" y cerrar su frontera.
"Tenemos una definición política de la instrumentalización de la migración pero no tenemos aún una definición legal hasta ahora", ha razonado, para adelantar que Bruselas quiere contar con un marco legal para todos de manera permanente, más allá de la actual crisis con Bielorrusia.