Bruselas arropa a Lesmes mientras el CGPJ apura para no caer en la ilegalidad

Mientras los vocales del bloque conservador y del progresista del CGPJ negocian a contrarreloj para nombrar a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional; Bruselas echó ayer un capote a Carlos Lesmes y urgió a que el órgano de gobierno de los jueces deje de estar en funciones tras cuatro años en esta situación que califica como “desesperada”. Con todo, es harto improbable que consigan un acuerdo para la renovación del TC antes de que hoy expire el plazo y el Poder Judicial caiga en la ilegalidad. Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, envió una carta al también presidente del Tribunal Supremo en la que apoya el duro discurso que protagonizó la semana pasada en el acto de apertura del año judicial, en el que amenazó con dimitir si el PP y el PSOE no suscribían ya un consenso para renovar el CGPJ. La vicepresidenta de la CE comparte la “urgencia y prioridad absoluta” de renovar el Consejo para, después, abordar la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial “teniendo en cuenta los estándares europeos”, algo que “la Comisión considera necesaria”.

Por parte de la llamada corriente conservadora, las conversaciones las encabezan los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, mientras que Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach son la voz del ala progresista. El somero acuerdo adoptado por el CGPJ la pasada semana establecía que la convocatoria del pleno para nombrar a dos nuevos magistrados del TC, sin concretar fecha, “tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente por propia iniciativa o lo soliciten al menos cinco vocales” y la misma “incluirá los nombres de dos candidatos”. Para ser designados serán precisos, al menos, 12 votos teniendo en cuenta el quórum actual del Consejo, con dos vocales menos.

Proceso de bloqueo

El tiempo comenzó a correr el pasado julio, cuando Congreso y Senado aprobaron una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió al CGPJ su capacidad para efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial pero solo para que designara a sus dos aspirantes a la corte de garantías, ya que dicha reforma señala expresamente que debía hacerlo antes de que concluya la jornada de hoy. Así, el Ejecutivo español, a través de esta iniciativa parlamentaria, enmendaba la primera reforma de la LOPJ que llevó a cabo en marzo de 2021 con el fin de forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces prohibiendo que designara magistrados para los altos tribunales mientras estuviera en funciones. La necesidad de esta contrarreforma surgió el 12 de junio, cuando caducó el mandato de cuatro de los doce magistrados del TC –su presidente, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares–, porque se trata del tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.

Ante la imposibilidad, por la primera reforma, de que el Consejo pudiera cumplir con su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez sopesó designar a sus dos candidatos al TC sin esperar al CGPJ, si bien hay dudas sobre la posibilidad legal de que los nominados por Moncloa puedan tomar posesión sin esperar a los del órgano de gobierno de los jueces. Aunque el impedimento legal para que el CGPJ pudiera cumplir su obligación desapareció con dicha contrarreforma, los obstáculos para emprender la renovación parcial del TC surgieron desde el propio Poder Consejo.

malestar europeo

En este contexto, la Comisión Europea alude a la “desesperada situación” en la que se encuentra el Poder Judicial español tras cuatro años de anomalía institucional y afirma que el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado “no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate”. Jourová advierte en su misiva de que “un bloqueo prolongado que afecte al correcto funcionamiento de instituciones estatales esenciales, como el Poder Judicial, es perjudicial para el Estado de Derecho” y “para el Estado en su conjunto”. Y señala que “todos los actores [entre los que incluye a los partidos], cuando desempeñan un papel constitucional, deben hacerlo con un espíritu de lealtad mutua y cooperación sincera, teniendo en cuenta únicamente el interés superior del Estado democrático y de los ciudadanos”.