Bruselas avala el plan presupuestario español de 2023, pero advierte del coste de las medidas energéticas

La Comisión Europea (CE) dio este martes su visto bueno al borrador de presupuesto del Estado español para 2023 tras constatar que cumple con su recomendación de limitar el aumento del gasto público, y le instó, como al resto de países, a centrar sus medidas para abaratar la energía a los más vulnerables para evitar que suba la deuda.

España prevé asimismo realizar inversiones públicas en la transición digital y ecológica y en seguridad energética haciendo uso de fondos europeos, pero también preservando las inversiones financiadas a cargo del presupuesto, en línea con las directrices recibidas la pasada primavera, según la opinión publicada dentro del Paquete de Otoño del Semestre Europeo.

En la misma, el Ejecutivo comunitario advierte, por otro lado, de que prolongar las medidas adoptadas este año para afrontar el aumento de los precios energéticos o aprobar medidas nuevas "contribuiría a un mayor aumento del gasto corriente neto" y a un "incremento del déficit y la deuda previstos para 2023".

"Por lo tanto es importante que los Estados miembros focalicen tales medidas en los hogares más vulnerables y empresas más expuestas para mantener los incentivos a reducir la demanda energética, y que estas sean retiradas cuando disminuya la presión de precios", afirma.

Solo el 20 % de las acciones frente al incremento de los precios son “específicas”

Bruselas amplía esta advertencia al conjunto del bloque, al que afea que solo el 20 % de las acciones frente al incremento de los precios son “específicas” mientras que la gran mayoría son universales, al contrario de la recomendación lanzada desde hace meses por las autoridades comunitarias.

“Es necesario limitar el coste fiscal de estas medidas de apoyo al tiempo que se tiene en cuenta su impacto distributivo en los niveles de renta, en la demanda energética, posibles distorsiones en el mercado único y efectos secundarios negativos en los países”, enfatiza el informe de la Comisión, en el que plantea un sistema de precios doble en el que los consumidores más vulnerables se beneficien de precios regulados “hasta cierto nivel de consumo”.

A la hora de evaluar los presupuestos, el Ejecutivo comunitario se ha basado en sus previsiones económicas publicadas este mes, que proyectan un crecimiento más lento y una inflación mayor de lo estimado por los Estados cuando le enviaron sus proyectos presupuestarios en octubre, y ha analizado el impacto de las medidas energéticas.

En el caso de España, Bruselas prevé que la economía española crezca un 1 % el año que viene, por debajo del 2,1 % proyectado en los presupuestos que votará el jueves el Congreso, y calcula que las ayudas energéticas, que en 2022 representaron un 1 % del PIB, no tendrán impacto presupuestario en 2023.

Como ocurre desde 2020, la Comisión no ha evaluado si los países cumplirán las metas de déficit y deuda que exigen las normas comunitarias puesto que estas siguen suspendidas y, por tanto, Bruselas no fijó metas de ajuste.

En mayo, se limitó a recomendar a los países con alta deuda, como España, aplicar una política fiscal prudente y mantener el incremento del gasto corriente por debajo del crecimiento potencial y a aquellos con ratios medias o bajas adoptar una posición fiscal neutra, al tiempo que pidió a todos impulsar la inversión y tener en cuenta la guerra en Ucrania.

Con esta premisa, además del español, Bruselas ha aprobado los presupuestos de Francia, Grecia, Chipre, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta y Croacia, mientras que ha solicitado al resto medidas adicionales para ceñirse a lo recomendado.