El Gobierno español encontró hoy el respaldo de la Comisión Europea en su decisión de oponerse a la OPA del consorcio húngaro Ganz MaVag sobre Talgo, una situación que, no obstante, puede acabar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la UE. Mientras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció ayer dos nuevas reclamaciones a la empresa por las averías de los nuevos trenes Avril de alta velocidad construidos para Renfe y que están derivando en retrasos en las estaciones.
En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, la portavoz comunitaria Francesca Dalboni, procuró evitar charcos y no puso objeciones a la maniobra del Gobierno tras asegurar que es prerrogativa de los Estados miembros adoptar este tipo de decisiones. “No tenemos ningún comentario específico”, indicó Dalboni sobre un caso que atañe a grupos empresariales de dos países pertenecientes al club europeo. De hecho, el portavoz jefe, Eric Mamer, indicó que Bruselas no está al corriente de posibles contactos de la empresa húngara afectada con el Ejecutivo comunitario. Es sabido, por otra parte, que la Comisión no mantiene buenas relaciones con Hungría, al que considera su socio más díscolo, y más aún después del viaje que su polémico primer ministro, el ultraconservador Viktor Orbán, hizo recientemente a Moscú para visitar a Putin y defender una supuesta “misión de paz”.
En cualquier caso, Mamer agregó que el Tribunal de Justicia de la UE es siempre el último auditor en caso de que haya una queja por parte de una de las partes, lo que deja la lectura implícita de que el caso finalizará en esa instancia. La Unión Europea tiene en vigor desde octubre de 2020 un reglamento sobre inversión extranjera para que los Veintisiete estén mejor equipados para identificar, evaluar y mitigar los posibles riesgos para la seguridad o el orden público, sin que por ello la UE deje de ser una de las zonas de inversión más abiertas del mundo, tal y como insisten siempre las autoridades europeas.
Esa normativa nace en el contexto específico de la fuerte caída de valoración que experimentaron las compañías europeas durante la pandemia del coronavirus, lo que desató el temor a que otros actores de fuera del espacio europeo, como China o fondos vinculados a Rusia, se hicieran con los mandos de importantes empresas europeas, lo que hubiera agravado las ya de por sí fuertes dependencias, a nivel comercial y energético, de la UE con esos países.
La regulación también permite a la Comisión Europea emitir opiniones cuando una inversión amenace la seguridad o el orden público de más de un Estado miembro, o cuando una inversión pueda socavar un proyecto o programa estratégico de interés para toda la UE, como puede ser la constelación de satélites Galileo. En todo caso, son los Estados miembros quienes mantienen los mecanismos de control necesarios para detectar riesgos para la seguridad o el orden público derivados de determinadas operaciones de inversión, y los que tienen la última palabra sobre ellas.
El consorcio húngaro, mientras tanto, ya ha anunciado que recurrirá el veto del Gobierno a su oferta. De esta manera, al no retirar la oferta por lo que la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) se verá forzada a tomar una decisión sobre la desestimación de la OPA.
Si la CNMV espera a que los recursos se decidan, podrían pasar años con una OPA paralizada, con el consiguiente daño para Talgo, al no poder contemplar otras alternativas para ampliar su capacidad industrial, como una hipotética fusión con el grupo checo Skoda.
Por otra parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comunicó que se están estudiando dos nuevas reclamaciones a Talgo para pedir una compensación por los daños y perjuicios que las averías de los nuevos trenes Avril están causando a Renfe. Un 57% de estos problemas están relacionados con el material motor -la unidad motriz-, por lo que Puente defendió que el origen de las incidencias está “claramente localizado”, frente al “supuesto caos” que insinuó la oposición. Fuentes conocedoras de la situación subrayan que estas incidencias se dan en unidades desarrolladas durante la pandemia, lo que dificultó toda el proceso de fabricación. Durante estos meses, hasta la mitad de los nuevos trenes han tenido que ser inmovilizados. Sin embargo, Puente aseguró que Talgo ha reaccionado positivamente, lo que ha permitido que 21 de los 22 trenes entregados estén en servicio.