Bruselas busca tener cuanto antes una lista de países "seguros" donde deportar a migrantes

La Comisión Europea (CE) quiere intentar tener antes de mediados de 2026, cuando entrará en vigor el pacto europeo de migración y asilo, un listado de países considerados "seguros" donde poder deportar a los migrantes que no tengan derecho a protección internacional en la UE, según dijo este martes la presidenta de esa institución, Ursula von der Leyen.

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario envió hoy una carta a los líderes de la Unión Europea (UE) en la que pasa revista a la situación y retos en el ámbito la política migratoria, con vistas a la cumbre europea de esta semana.

La carta se centra en particular en el análisis que se está llevando a cabo en la UE sobre las "formas innovadoras de luchar contra la migración irregular", en particular con el concepto de los centros de retorno en terceros países.

Examinar las "implicaciones financieras"

Se está estudiando "la mejor manera de introducir en el marco jurídico la posibilidad de establecer estos centros", lo que obliga a "examinar los aspectos jurídicos, operativos y prácticos, así como las implicaciones financieras", y a la vez a respetar "los derechos fundamentales y el principio de no devolución".

Para ello se trabaja con organizaciones internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de Migraciones.

Aunque el propio pacto migratorio, recuerda Von der Leyen, "ya introduce (...) la alineación del concepto de tercer país seguro en el Reglamento sobre el procedimiento de asilo con las normas internacionales" y "más flexibilidad para su aplicación", su implementación está prevista a partir de junio de 2026, por lo que se está "estudiando cómo podemos avanzar en la aplicación de estos conceptos".

A esos efectos, añadió la presidenta de la CE, se ha pedido a la Agencia de Asilo de la UE que "acelere su análisis de los terceros países específicos que podrían ser designados como países de origen seguros y terceros países seguros, con vistas a elaborar listas de la UE".

La implementación, "cuanto antes posible"

Von der Leyen explica que ese no es el único elemento donde se busca una aplicación anticipada, sino que "se está trabajando para acelerar la implementación del pacto, cuando sea posible".

Explica que se han establecido "tres áreas en las que podemos acelerar el trabajo", empezando por la mejora de la gestión de las fronteras exteriores.

Otro de los ámbitos es la "mejora de la eficiencia y la equidad del sistema de Dublín", que es el que determina en qué país debe un migrante presentar su solicitud de asilo y, por último, menciona "una gestión de los sistemas de recepción y unos retornos más eficientes".

En esa aceleración del pacto, apunta, "mantener el equilibrio entre responsabilidad y solidaridad es esencial".

Dice además que Bruselas está "trabajando estrechamente con aquellos Estados miembros que han expresado interés en lanzar proyectos piloto" mientras que otros "ya han iniciado proyectos para anticipar esfuerzos, especialmente en los ámbitos de los procedimientos fronterizos, el sistema de Dublín y la recepción".

Von der Leyen dice que el "marco legislativo" para los retornos de los migrantes que no tienen derecho a protección internacional en la UE será "será una de las primeras propuestas importantes" de la nueva Comisión y se presentará antes de la cumbre europea del próximo marzo.

El objetivo es "hacer que el proceso de retorno sea más simple, más rápido y más eficiente" y cubrirá "tanto los derechos como las obligaciones de los repatriados, incentivando su cooperación y al mismo tiempo dejando claras las consecuencias de la falta de cooperación, abordando así de manera efectiva la brecha entre las decisiones de retorno emitidas y los retornos reales".

Además, "más adelante, en 2025, se presentará una propuesta legal sobre la digitalización de la gestión de casos de retorno, que cubrirá las complejas cuestiones de interoperabilidad, intercambio de datos y protección de datos".

Añade que, "dada la urgencia, ya hemos acelerado el trabajo de un estudio específico, que mapea el panorama actual y que contribuirá al diseño del nuevo sistema".

Mientras tanto, señala Von der Leyen, "debemos aprovechar todas las oportunidades que ya están disponibles (...) explorando soluciones operativas que se ajusten a la legislación actual para mejorar nuestro rendimiento de retorno".

Se refiere, por otra parte, al "desafío específico de los nacionales de terceros países que representan una amenaza para la seguridad" e indica que "los incentivos para fomentar el cumplimiento de las decisiones de retorno son herramientas útiles, cuando se utilizan de manera coherente".

En ese contexto, apunta a las grandes diferencias entre los Estados miembros y dice que se van a compartir "las mejores prácticas" en ese ámbito, lo que se complementará con un apoyo de 25 millones de euros para "modelos nuevos e innovadores de seis Estados miembros para incentivar el retorno voluntario asistido".

Por último, Von der Leyen habla de la "instrumentalización" de la migración, algo que preocupa en particular a los países del Este de la UE por los flujos que llegan a través de la frontera con la ayuda de Rusia y Bielorrusia.

Aunque afirma que las acciones adoptadas "han contenido estos ataques", subraya que "debemos protegernos".

Explica que, "en vista de la gravedad de la amenaza, así como de su persistencia, para la seguridad de la Unión y la integridad territorial de los Estados miembros", los Estados miembros podrán utilizar una excepción prevista en el Tratado de la UE, en referencia a la posibilidad de suspender el derecho de asilo.

Avisa, no obstante, de que "cualquier medida de este tipo debe ser proporcionada, limitada a lo estrictamente necesario, temporal y respetar los derechos fundamentales" y pide "coordinación entre los Estados miembros vecinos".