La Comisión Europea ha justificado la petición de explicaciones al Gobierno español sobre la ley de amnistía que han suscrito este jueves en Bruselas PSOE y Junts por la inquietud que un "gran número" de ciudadanos, además de otras partes interesadas, ha hecho llegar al Ejecutivo comunitario.
El portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, ha explicado en rueda de prensa que un elevado número de ciudadanos ha trasladado a la institución sus "serias preocupaciones" en relación con la adopción de la ley de amnistía y que eso ha motivado que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, reclamase este miércoles por carta al Gobierno información sobre el "alcance" de ley de amnistía que el PSOE ha acordado ya con Junts para recabar los apoyos para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.
Reynders trasladó la petición en una misiva dirigida al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, donde exigía "información más detallada" acerca del "alcance personal, material y temporal" de la ley de amnistía.
Por su lado, el portavoz de la cartera ha apuntado en que en casos en los que la Comisión recibe un gran número de quejas ciudadanas es "habitual" que el Ejecutivo comunitario se ponga en contacto o pida explicaciones al Estado miembro en cuestión, incluso en relación a textos legislativos que aún no han sido aprobados o tramitados, como ya ocurrió en otros países de la UE como Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia o Rumanía, entre otros.
"La Comisión envía cartas a los Estados miembro sobre los temas más diversos todos los días", ha recalcado, al tiempo que ha destacado la "excelente cooperación" entre Bruselas y el Gobierno de España.
No obstante, Wigand ha insistido en que este sigue siendo un asunto nacional "interno" del que debe ocuparse el Gobierno español "de acuerdo con su orden constitucional" y ha agradecido que en su respuesta a la carta de Reynders el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, se haya mostrado su disposición a facilitar a Bruselas toda la información que precise una vez se registre la proposición de ley.