La Comisión Europea ha enviado una petición formal de información a la red social 'X' para pedir explicaciones por haber reducido en un 20% su equipo de moderadores de contenidos y para conocer qué medidas para mitigar los riesgos de la Inteligencia Artificial generativa ha puesto en marcha para cumplir con las nuevas reglas de la Unión Europea para los servicios digitales.
Este paso se enmarca dentro de la investigación más amplia que Bruselas inició el pasado diciembre contra la compañía de Elon Musk para determinar si la red social antes conocida como Twitter está infringiendo la nueva regulación europea en áreas como la gestión de riesgos, la moderación de contenidos, transparencia publicitaria, patrones oscuros y el acceso a datos por parte de investigadores.
Con el requerimiento formal de información, Bruselas da de plazo hasta el próximo 17 de mayo para que la compañía proporcione los datos solicitados en lo que a la moderación de contenidos y el uso de la IA generativa se refiere, mientras que le deja hasta el 27 de mayo para remitir la información sobre el resto de asuntos que abarca la investigación.
La Comisión Europea, preocupada por la reducción de moderadores
El Ejecutivo comunitario ve con preocupación que, de acuerdo al último informe de transparencia, la plataforma X ha reducido su equipo de moderadores de contenido "en casi un 20%" con respecto al informe anterior, publicado en octubre de 2023, y reducido con ello la cobertura lingüística de su moderación de 11 a 7 lenguas de la UE.
Los servicios comunitarios esperan además que la compañía proporcione información detallada y documentación interna sobre las evaluaciones de riesgo y las medidas de mitigación --vinculadas al impacto de las herramientas de IA generativa en los procesos electorales, la difusión de contenidos ilegales y protección de los derechos fundamentales-- que la legislación comunitaria le obligan a realizar.
La Ley de Servicios Digitales europea (DSA, por sus siglas en inglés) prevé que la Comisión pueda imponer multas a las compañías que proporcionen información errónea, incompleta o engañosa en respuesta a los requerimientos formales del Ejecutivo comunitario.